La Comisión de Gobierno del Senado despachó la reforma constitucional sobre elección de intendentes, con lo cual este proyecto, que forma parte de la Agenda de Descentralización del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, pasó a la Sala que lo debiera votar la próxima semana.
En la ocasión, los senadores aprobaron, por tres votos a favor y dos abstenciones, el mecanismo electoral para la elección de los futuros gobernadores regionales, apoyando de este modo la indicación del Ejecutivo que fija el umbral en un 40 por ciento de los votos y contempla además, la segunda vuelta entre las dos primeras mayoría en caso que ningún candidato obtenga dicho porcentaje.
Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, expresó su satisfacción por el avance del proyecto, que calificó como “la piedra angular” del proceso descentralizador impulsado por el Gobierno de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet”.
La autoridad también dijo que se ha terminado una fase decisiva en la discusión de la iniciativa y que esta –de acuerdo a lo informado por el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, pasará a la Sala con carácter de discusión inmediata para que se vote la próxima semana.
En cuanto a las divergencias que se han suscitado en torno a la propuesta del Ejecutivo, especialmente en relación a las competencias que se van a traspasar a los gobiernos regionales, afirmó que estas obedecen a “cuestiones más bien técnicas que en nuestra opinión están resueltas en la iniciativa sobre fortalecimiento de la regionalización, cuya tramitación continúa, por lo que vamos a tener tiempo para despejar estas dudas”, explicó.
Sin perjuicio de lo anterior, el subsecretario Cifuentes señaló dicho proyecto establece que los gobiernos regionales, cuando asuma el intendente electo en marzo de 2018, van a contar con 49 nuevas competencias adicionales a las 23 ya existentes, mientras que en el período 2018-2022 se van a incorporar otras 29”.
“Luego de ese período –agregó la autoridad- cada vez que se inicie un mandato del gobernador regional electo, los gobiernos regionales tendrán un plazo de 18 meses para pedir competencias adicionales, para lo cual el proyecto establece un mecanismo muy claro y preciso”, concluyó.
