En cambio el tribunal de Ovalle las encontró culpables de obtención fraudulenta de prestaciones. Ambas en enero habían sido condenadas por uso malicioso de instrumento público, pero la Corte de Apelaciones anuló el juicio disponiendo su repetición en una nueva fecha y con magistrados diferentes.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público las docentes funcionarias del Departamento de Educaciòn del Municipio de Combarbalá, C. I. C.V. y C. A. R.R., en el mes de enero del año 2015 presentaron un certificado de estudios falso, documentos que habían sido adulterados agregando la palabra «presenciales» a las horas pedagógicas con el fin de obtener el pago del Bono de Reconocimiento Profesional el que exige un mínimo de 3.200 horas presenciales para que el docente puede percibir el mismo.
En fecha previa ambas habían presentado en el mismo departamento de educación un certificado de estudios de la Universidad de Playa Ancha dando cuenta de sus estudios para obtener el grado de licenciadas en Educación, con el fin de obtener el pago del Bono de Reconocimiento Profesional, explicándoseles que no les correspondía el pago por cuanto dichos documentos no indicaban el hecho de haberse realizado las clases en forma presencial en el número de horas exigido por la ley.
Unos días después regresaron con unos documentos que ahora contenían la expresión “presenciales”, indicando que la universidad los había arreglado por lo que subió la solicitud de ambas a la plataforma establecida para dicho fin .
El engaño quedó al descubierto cuando una tercera docente pidió tener similares beneficios económicos pues ella había cursado los mismos estudios que las dos acusadas.
Esto despertó las sospechas en el Departamento de Educación que se pusieron en contacto con la Universidad de Playa Ancha, donde les confirmaron el engaño.
C. I. C.V. y C. A. R.R. fueron juzgadas en el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle en enero de este año, siendo encontradas culpables de los delitos consumados de uso malicioso de instrumento público, perpetrados en los meses de enero y febrero del año 2015 en la comuna de Combarbalá.
Sin embargo la defensa recurrió de nulidad a la Corte de Apelaciones de La Serena, la que dispuso realizar un segundo juicio en la misma sala, aunque con jueces diferentes.
Esta vez el tribunal resolvió absolver a las acusadas de los cargos formulados en su contra en orden a ser autoras de un delito consumado de uso malicioso de instrumento público falsificado o en parte falso cometido por empleado público, aunque las condenó por sus responsabilidades como autoras de un delito consumado de obtención fraudulenta de prestaciones.
La Audiencia de comunicación de sentencia quedó programada para el lunes 14 de mayo, a las 13:45 horas.
En la audiencia en la que se conoció el veredicto condenatorio, el abogado defensor de ambas sentenciadas, presentó dos colillas de deposito judicial ascendentes a las sumas de $ 1.305.240 y $1.317.550., para efectos de reparar el mal mal causado, lo que podría incidir en el resultado final.