Tras la mesa de diálogo que sostuvieron el Gobierno y los trabajadores despedidos por STI, contratista que efectúa labores en la construcción del nuevo Hospital de Ovalle, se concluyó que hay antecedentes que lo probarían.
Tras una mesa de diálogo, en la que participaron el gobernador Wladimir Pleticosic, el director regional de Salud Ernesto Jorquera, el seremi del Trabajo y Previsión Social Rodrigo Bravo, la empresa San José, representantes de la CUT, el Sindicato de Trabajadores y representantes de los trabajadores y dirigentes despedidos, las conclusiones a las que arribaron señalan que hay antecedentes determinantes que configurarían Prácticas Antisindicales por parte de STI, al despedir injustificadamente a 21 trabajadores, al día siguiente de elegir delegados de obra ante el Sindicato de la Construcción.
Ante esto el presidente del Sindicato Provincial de la Construcción, Guido Morales señaló que la reunión no lo dejó muy contento. “Reconozco que hay acercamientos, mejor diálogo pero todo quedó en eso, en buenas intenciones, porque el gerente de San José tuvo algunas presentaciones, pero quedamos en nada. Avanzamos muy poco”.
Morales agregó que efectivamente “STI reincorporó a 4 trabajadores, no dirigentes, que habían votado para que tuviéramos representantes. La Inspección del Trabajo reconoció que hay características, antecedentes sobre Prácticas Antisindicales, pero debemos denunciar para que ellos investiguen. Entonces, queremos llegar a algún acuerdo con la empresa, que recontraten a los compañeros despedidos a más este jueves 19 de enero, de lo contrario pondremos la denuncia el viernes 20 de enero, por prácticas antisindicales, no podemos esperar más”.
Por su parte, el diputado Daniel Núñez indicó que esto es un gran avance puesto que “se abre un camino de solución y se reconoce que hay antecedentes de Prácticas Antisindicales. Lo que esperamos es que se recontraten a los trabajadores. De ser así, esto marcaría un gran precedente ante las demás empresas que hay obligatoriedad en respetar el derecho de los trabajadores a organizarse”.
Núñez enfatizó que “si no se recontratan, el único camino que le queda a los trabajadores es que utilicen todas las armas legales, denuncien y de esa forma, de corroborarse las prácticas antisindicales, no pago de horas extras, manipulación del libro de asistencia, entre otros datos, es que STI quede fuera de toda licitación pública por no respetar los derechos laborales”.
De interponer la denuncia, el Sindicato de La Construcción ante la Inspección del Trabajo, ésta deberá proceder legamente a acusar a la empresa que habría infringido los derechos laborales, corriendo el riesgo de sufrir a perpetuidad el no poder participar en futuras licitaciones públicas que realice el Estado.
