El vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, en relación a boletas emitidas entre enero de 2012 y marzo de 2013 por el director del SII Michel Jorrat a una empresa vinculada a la arista SQM., señaló que «los trabajos profesionales que desarrollan los servidores públicos no es un tema que le corresponda al gobierno”.
Antes Elizalde y los ministros de justicia e interior, manifestaron que el escándalo el caso Caval, que involucra al hijo de la presidenta y su señora, formalizados por la Fiscalía de Rancagua, eran “negocios entre particulares” y no les correspondía referirse a ellos.
Extraña que al destaparse los primeros indicios de presuntos actos moral y éticamente reprobables se alzaran voces que incluso pedían la crucifixión de los involucrados, pero al aparecer en escena la hasta hace poco para muchos ¡caritativa y desinteresada empresa SQM!, los acusadores se convirtieran en silentes observadores del proceso, justificando similares procederes al de los acusados, con afirmaciones ellos si están libres de culpas y se les involucra por espurios intereses.
En este reparto de dinero a parlamentarios de todos los colores que efectuó SQM, no ha quedado exenta la presidenta Bachelet, y es así como Jorge Rosenblut, presidente de Enersis, admitió en el Mercurio (16.04), haber solicitado el año 2012 a la empresa de Ponce Lerou (SQM), dinero para apoyarla, y además es de público conocimiento que la sociedad Asesorías y Negocios SpA, creada por el recaudador de la campaña de Bachelet, Giorgio Martelli, también se encuentra en el ojo del huracán por haber emitido dudosas boletas a la empresa minera cuestionada y enjuiciada.
Los gobiernos realmente interesados en combatir “todo tipo de corrupción”, deben usar todas las instituciones que poseen, las que deben actuar dentro del Estado de Derecho, con transparencia, objetividad y premura para que dicho cáncer no se convierta en fatal para la sociedad y fue por eso que en la década de 1930, cuando la mafia siciliana asolaba EE.UU, controlando juegos, destilerías de alcohol clandestinas, prostitución, etc., un funcionario de la Oficina del Tesoro de dicha nación, llamado Elliot Ness, conformó un pequeño equipo, llamándoles “Los Intocables” y a través de la vía de la fiscalización de impuestos, logró encarcelar a uno de los mayores capos como fue Al Capone e iniciar la derrota de la corrupción.
Hoy, cuando existen tantos funcionarios de gobierno y parlamentarios cuestionados –presidenta incluida por haber recibido dinero para campañas políticas, mediante la presentación de facturas y boletas ideológicamente falsas”, es de especial preocupación que se nombre como titular del SII a Michael Jorrat, quien se desempeñó un año como “Director interino”, quien también “extendió facturas” al igual que el ministro Peñailillo a la empresa de Giorgo Martelli encargada de la recaudación de dinero a través de aportes empresariales a la campaña de Bachelet.
Es evidente, que recién nombrado Director Titular del ente fiscalizador tributario nacional, no tiene intención de formar un equipo fiscalizador eficiente que combata la corrupción como se hizo en el país del norte en la década del año 1930, eso sí, es un hecho conforme a sus dichos que es probable que quienes solicitaron dinero y con trampas accedieron al parlamento no sean condenados, como también es factible conforme o lo expresado por el Fiscal Nacional, asegurando que solo puede actuar frente a los delitos tributarios cuando el SII efectúa las querellas o denuncias respectivas, que la impunidad reine en los vergonzosos casos que hoy son noticia nacional e internacional.
Por Susana Verdugo Baraona*
*La autora es médico pediatra y fue Gobernadora de Limarí
