Hace un tiempo atrás, los diarios The Economist y el New York Times mencionaba la supuesta corrupción que estaría tocando a la familia presidencial chilena, aludiendo con ello al tan bullado caso Caval y ahora el Washington Post, es el que estaría incluyendo a la mandataria en la lista de presidentes involucrados en casos de corrupción, lo que debilitaría aún más su figura presidencial y estaría por obvias razones, dañando la imagen de Chile. A tanto ha llegado este desprestigio, que la mismísima reina Isabel II, no recibió a Bachelet en su reciente viaje a Londres en donde ésta participó en el Chilean Day.
Los presidentes involucrados en el citado artículo son: Dilma Rousseff, Cristina Fernández y Michelle Bachelet, que comparten además ser de izquierda, una muy mala gestión, un bajo apoyo ciudadano y un alto rechazo.
Por una parte, tenemos a Dilma Roussef, en donde el Senado aprobó por 55 votos a favor y 22 en contra, realizar un juicio político en su contra, por manipular las cuentas fiscales, quedado así suspendida de su cargo por 180 días. A comienzo de abril de este año, Bachelet la defendió señalando «ella es una mujer seria, honesta y responsable que está haciendo lo mejor posible por Brasil». Conceptos similares a los que emitió en su oportunidad para el renunciado administrador de La Moneda, Cristian Riquelme.
Por otra parte, encontramos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, imputados por el delito de cohecho, ya que a través de la sociedad constituida por esta familia, (los Kirchner), con el nombre de «Los Sauces», se habría constituido esta con la finalidad de recibir dineros provenientes de las empresas beneficiadas por las decisiones políticas de los Gobiernos de Néstor y Cristina. Además de lo anterior, Cristina, se encuentra procesada por presuntas irregularidades en contratos de ventas futuras de dólares, además de enriquecimiento ilícitos y lavados de dinero.
Por último, llegamos a Michelle Bachelet, en donde diversos medios han señalado «corrupción en organismos del Estado», «el cáncer descubierto que arrastra Bachelet en su segundo mandato», según la encuesta Adimark sólo el 9% apoya a la mandataria en esta materia y el 87% rechaza lo realizado. Cabe recordar que hasta hace un par de años atrás, la corrupción no era percibida en Chile como un gran problema, sólo el 1% la consideraba importante y fuera de ello, Chile era percibido como uno de los países de la región con menos corrupción, ocupando el lugar 21 entre 175 países, sin embargo, la situación cambió y Bachelet ya no es asociada a transparencia, credibilidad, cercanía y con la equidad, cualidades que le permitieron una popularidad del 80% y la hizo ganadora de la presidencia por segunda vez. Sin embargo, tras conocerse el famoso caso Caval que involucran tanto a su hijo como a su nuera y los escandalosos sueldos de sus amistades íntimas y parientes, que trabajan para el Estado y cuyas remuneraciones superan en promedio los 7 millones de pesos mensuales, sus discursos en donde dice; «aquí no hay ciudadanos de primera o segunda…»; «quien recurra a malas prácticas, no son aptos para servir a Chile» o que «se debe luchar sin contemplaciones contra la corrupción, los abusos y las malas prácticas» pero que la realidad resulta ser muy distinta como se pudo apreciar en los ejemplos dados anteriormente. De hecho; el actual Gobierno acumula más de 60 incumplimientos a las normas de transparencia e información en materia presupuestaria, pese a estar obligado a hacerlo, la agenda anticorrupción se encuentra con tarjeta amarilla, ya que el observatorio anticorrupción de la Fundación Ciudadano Inteligente, señala que de las 26 propuestas, 21 de ellas no han experimentado progreso alguno, 3 incompleta y sólo 2 se han implementado.
Otro antecedente que podemos sumar a los anteriores es el reciente rechazo de la Nueva Mayoría al proyecto que solicita información de la campaña de Bachelet, ya que las empresas involucradas, confesaron haber aportado un millón de dólares para la precampaña sin que se hubiesen realizado los correspondientes servicios. Respecto a lo cual el SII no ha dicho nada, lo que resulta un contrasentido tanto de ésta entidad como de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, quienes por años han abogado por una mayor transparencia y probidad, quedándose más bien en el discurso y no en la acción.
Dra. Susana Verdugo Baraona.
