Amplio rechazo e indignación causó el tercer caso de muerte de los últimos 24 meses (ya van 14 en los últimos años) en el SENAME. Esta vez fue una menor de 11 años en el C.R.E.A.D Galvarino de Santiago, falleciendo en un centro que tiene por objetivo cuidar y dar protección a los menores que son derivados por los tribunales de familia, ya que en sus hogares estos están sufriendo la vulneración de sus derechos.
Como si esto ya no fuera lo suficientemente preocupante, a ello debemos sumar las declaraciones de la ya renunciada directora Marcela Labraña (DC), quien no sólo actuó de manera irresponsable al dar a conocer públicamente los diagnósticos confidenciales de la menor sino que con ello se ve implicada en la comisión de un delito como así lo señalan las leyes 20.584 y 19.628; asimismo con dicho actuar ella rompe con todos los protocolos e indicaciones que existen tanto a nivel nacional como internacional.
Además de todo lo anterior, ella argumentó que el deceso de la menor se habría producido por un paro cardiaco producto del estado emocional de la menor, lo que a primera vista no hace más que aumentar las interrogantes sobre el fallecimiento; de hecho y por fortuna el doctor Felipe González, presidente de Sociedad de Pediatría de Chile, rápidamente puso en duda la citada versión señalando que “ningún niño se descompensa biológicamente y muere por pena o angustia desde el punto de vista pediátrico, no teniendo por lo tanto, asidero alguno dichas afirmaciones» y junto con ello afirmó que «en dichas declaraciones se notaba una gran desprotección y una falta de relación en la atención íntegra sobre los niños de máxima vulnerabilidad» y además señaló que la posible causa de muerte de la menor fue una intoxicación.
Igual posición tiene el ex psiquiatra del SENAME Rodrigo Paz, que no sólo rechazó lo señalado por la entonces directora, sino que además afirmó que “ahí existió una negligencia criminal, por lo que debe haber un responsable y que lo más probable es que la causa de la muerte de la menor fuera una arritmia cardiaca por la combinación de psicotrópicos que usaba». De hecho en su declaración a la radio U. de Chile, fue más enfático aún al señalar que «el SENAME funciona como un vertedero de todos los niños más pobres de Chile» y además afirmó que existía una red de protección por parte de la Concertación, puesto que ellos estaban intentando impedir que se continuara con la investigación sobre el tema ya que existían personas vinculadas al PPD, PS y DC que llevan años usando el SENAME”. Sin ir más lejos cabe de recordar que los más grandes impulsores de la privatización del SENAME han sido los Gobiernos de la Concertación.
Este hecho también motivó el rechazo de la representante de la UNICEF de Chile Hai Kyng Jun, quien calificó como inaceptable que una menor bajo la protección del Estado, haya llegado a esa situación; junto con esta declaración, se suma la emitida por la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación de Magistrados, quienes acusaron al Estado por la desprotección de estos niños a quienes por ley, tienen la obligación de proteger. A ello se suman las críticas del presidente del SENAME René Sáez (DC) y del Diputado René Saffiro (DC) presidente de la Comisión Investigadora del SENAME, quien señaló “que la ex directora no tenía las condiciones profesionales ni técnicas para dirigir dicha institución».
Esta es la triste y cruda realidad de más de 100 mil menores que están bajo la protección del Estado y que desgraciadamente tuvo que pasar este terrible acontecimiento para que el proyecto de ley de reforma del SENAME (que hasta hace un tiempo estaba parado en el Congreso), la Presidenta le diera urgencia, lo que no hace más que demostrar que estos menores no fueron prioridad para la Presidenta Bachelet ni para su Gobierno, sino cuando su imagen por dicha responsabilidad se vio afectada. Total, como escuché a una persona decir hace algunos días, «ellos no votan ni constituyen grupos de presión» pero no por eso nos podemos olvidar de ellos e ignorar las graves irregularidades que están pasando; no puede ser que en este país se destine aproximadamente 130 mil pesos mensuales para el sustento de cada uno de estos menores, mientras que para las personas que están presas, se destinen aproximadamente 550 mil pesos mensuales. Esto debe cambiar, porque estamos hablando del futuro de nuestros niños y jóvenes y no porque la ley así lo demande, sino porque estos jóvenes se merecen y necesitan nuestro apoyo para tener un futuro mejor.
Por Susana Verdugo Baraona
