Al conocerse el financiamiento de actividades políticas con aportes económicos de empresas, que se justificaban a través de facturas ideológicamente falsas que permitían a los generosos auspiciadores rebajar lo aportado a los partidos, parlamentarios y sus campañas, autoridades, etc., de sus impuestos, el discurso del gobierno estimando que sus actuaciones se encontraban cubiertas exigía investigar hasta las últimas consecuencias ¡caiga quien caiga!, con la seguridad que brindaba el manejo de la información por parte del Director del Servicio de Impuestos Internos, incluso reafirmado en su cargo, no obstante estar cuestionado en una arista de los casos.
La investigación del Ministerio Público, comprobó una serie de ilegalidades que enlodaban a empresarios, transversalmente a políticos, autoridades de gobierno, e incluso a la presidenta e instituciones, lo que activó afirmaciones como que los servicios señalados en las facturas efectivamente se habían cumplido, presiones al entonces director del SII Michel Jorratt, para que actuara sesgadamente, destituyéndolo luego que haciéndosele hecho a este insostenible contener la avalancha de antecedentes se vio obligado a denunciar a Giorgio Martelli, recaudador en las campañas de la presidenta, quien en la última de ellas había conformado un comando cuyos integrantes terminaron ocupando puestos en su gobierno, muchos de los cuales los conservan.
La indesmentible evidencia de una precampaña en favor de la presidenta, financiada con dineros obtenidos de forma ilegal durante el año 2012, hizo que Marcelo Díaz vocero de gobierno, en su afán de impedir que la aprobación a la gestión presidencial que está por los suelos continúe decreciendo, declarara que “Bachelet no pidió ni autorizó ningún sistema recaudatorio para antes de su campaña y que esta comenzó en marzo del 2013 y no antes”, de forma sutil haciendo responsable de lo ocurrido con antelación a integrantes de su comando por haber actuado de iniciativa propia y la casi totalidad de integrantes del gobierno y afines, afirman lo mismo.
Sin embargo, la presidenta del Senado Isabel Allende, señala que todos en alguna oportunidad han torcido la nariz de la ley, afirmación que seguramente la basa en que habiendo sido la parlamentaria que más “certificados truchos entregó durante su búsqueda de votos a personas que terminaron como falsos exonerados”, no respondió por su acción, hecho que entrabado para ser investigado por la justicia, le significa al erario nacional un alto detrimento y que cada cierto tiempo alimenta aspiraciones de integrantes de algunos partidos que reclaman supuestos derechos que estiman los hacen merecedores de similares beneficios; en tanto otros miembros de su colectividad apelan a la “presunción de inocencia”, piden dejar que las instituciones funcionen y aseguran que esperaran el veredicto de la justicia.
La grave crisis de credibilidad por la cual atraviesa el gobierno, las instituciones, autoridades y en especial la clase parlamentaria a la cual las encuestas les asignan solo un magro 3% de aprobación, no podrá ser superada si no se actúa con honestidad y transparencia, eliminando la conducta de recurrir al engaño para disfrazar situaciones anómalas, ya que es un hecho probado que “la mentira tiene patas cortas” lo que hace que fácilmente pueda ser derrotada por quienes con firme decisión avanzan acompañados de los largos, firmes y seguros, trancos de la verdad. Chile no se merece por culpa de entes corruptos, falaces e inmorales continuar descendiendo del sitial en que nos habíamos ubicado como ejemplo de Nación.
Dra. Susana Verdugo Baraona.
