El Tribunal de Garantía negó el sobreseimiento presentado por la defensa de los empresarios y autorizó la incautación de las máquinas de los locales denunciados por el municipio.
Un duro golpe judicial a los locales con máquinas tragamonedas se concretó en estos días tras el dictamen del juez de Garantía Darío Díaz Peña y Lillo, tras negar la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de los empresarios, quienes fueron previamente denunciados por la Ilustre Municipalidad de Ovalle en la querella presentada contra todos los que resulten responsables del juego clandestino.
El texto legal que fue declarado admisible el pasado 2 de septiembre, solicita que se sancione el “delito consumado de administración y/o explotación de casas de juego ilegal o clandestino; envite o azar y rotura de sellos puestos por la autoridad al violar clausuras legalmente ordenadas”. La querella presentada por el abogado del municipio, Juan Carlos Manríquez, describe también una serie de hechos que pudieran configurar el delito de evasión tributaria, ya que los acusados habrían evadido los ingresos provenientes de las máquinas electrónicas de azar que no cuentan con patente
Es por ello que el Juez de Garantía, además de rechazar el sobreseimiento, autorizó al Servicio de Impuestos Internos para que indague la evasión tributaria realizada por los empresarios y a la BRIDEC de la Policía de Investigaciones, para que allanen e incauten las máquinas de los locales pertenecientes a las nueve personas jurídicas denunciadas por la IM de Ovalle.
Anteriormente, la Superintendencia de Casinos y Juegos ya había detectado que Ovalle, junto con Coquimbo, es la comuna que presenta las salas de juegos más grandes en el Norte Chico y que más del 23% de los usuarios que asisten a estos locales son estudiantes que visten uniforme escolar y tienen entre 15 y 18 años.
Cabe señalar que algunos de estos locales han violado reiteradamente las clausuras decretadas, rompiendo los sellos y poniéndose al margen de la Ley.
