El 24 de abril del 2015, el “Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”, creado el 10 de marzo de este año, por Decreto Nro. 002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con la misión de terminar con actos de corrupción que involucraban la participación de autoridades, políticos y empresarios; hizo entrega a la Presidenta Bachelet, de un informe con 305 medidas, que ésta públicamente se comprometió a cumplir conforme a lo prometido al disponer su confección.
La Presidenta expresó, que al aplicar estas medidas se pondría freno a los privilegios y abusos, y afirmó que no permitiría que nada ni nadie obstaculizara o desviara la vocación de igualdad y el sentido ético que le inspiraba, que había llegado la hora de actuar y Chile no toleraba dilaciones. Según ella, esto regulaba de manera estricta y eficaz las relaciones entre el dinero y la política, tanto al interior del ámbito público como el de los negocios, creando incertidumbre ya que en su primer mandato la Comisión Nacional de Ética Pública (1994) y el Grupo sobre Probidad y Transparencia (2006) adoptaron idénticos procedimientos, los que simplemente se ignoraron.
Los casos de corrupción investigados por la justicia, salpicaban a autoridades de gobierno, parlamentarios y servicios públicos, incluyendo al Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, considerado su hijo adoptivo y organizador de su precampaña, en la que Giorgio Martelli recaudador de fondos, utilizó el método de las facturas ideológicamente falsas, por lo que debió efectuarse un cambio de gabinete, en tanto Michel Jorrat, Jefe del SII, también cuestionado permaneció en el cargo, lo que hacía sospechar que se le mantenía para frenar investigaciones tributarias, tesis que tomó fuerza cuando al no hacerlo y serle pedida la renuncia denunció haber sido sometido a presiones desde el Ministerio del Interior.
Lo anterior desnudó la red de protección de la cual se había proveído, ya que durante la investigación relacionada con el caso Penta, que afecta a actores de la UDI, el gobierno y sus parlamentarios exigían llegar hasta las últimas consecuencias, pero al detectarse la llamada arista SQM, que involucraba transversalmente a la clase política, la Fiscal Solange Huerta que subrogaba al Fiscal Nacional, dispuso el cambio del persecutor Carlos Gajardo y que se hiciera cargo de este el Fiscal Regional Metropolitano Oriente Alberto Ayala, lo que no se consiguió porque Ayala había prestado servicios a SQM y el Fiscal Nacional se hizo cargo del caso, siguiendo con el mismo equipo y ahora, al surgir otra arista el Fiscal Ayala insiste en su empeño.
La errática actuación de la presidenta, la desinformación frente a graves situaciones que le afectan, como el enterarse por la prensa del caso Caval que involucra a su hijo en un préstamo millonario sin aval suficiente, del parte del banquero más rico de Chile, quien también es dueño de varias empresas, de las cuales Bachelet se nutrió para cubrir cargos de alta responsabilidad en el Estado, que incluso involucran la fiscalización de este y el hecho que ahora existe una ciudadanía más informada, ha hecho que la alta popularidad obtenida por la gobernante mediante su carismática sonrisa en su periodo anterior y mantenida durante su permanencia en el exterior, caiga de forma brutal a poco más de un año de su gobierno.
No es menor que al conocerse que el ex diputado y ex ministro Jorge Insunza, luego de pocos días de nombrado en su cargo haya tenido que renunciar, al comprobarse que durante su ejercicio como diputado efectuó asesorías a Codelco y una empresa de Andrónico Luksic, lo que según Oscar Landerreche, Presidente del directorio de Codelco se le había informado a la presidenta antes de que lo nombrará, la desprolijidad seguramente influyó en una nueva caída en las encuestas, registrando la mayor reprobación a su gestión 73% y la menor aprobación a la misma que solo alcanza a un 25% y de pasó también se refleje en la baja aceptación a las reformas promocionadas. ¡El mejor fiscalizador es el ciudadano informado y el pueblo aprendió la lección!.
Susana Verdugo Baraona
La autora es médico pediatra y fue gobernadora de Limarí.
