Al conocerse los casos Penta, con su arista SQM y Caval, que dejaron al desnudo las prácticas de corrupción en que incurrían los actores políticos para financiar sus campañas o actividades de las colectividades a las cuales pertenecían, y el vergonzoso e ilícito uso que en beneficio propio daban a la información privilegiada cercanos o familiares de las autoridad, enriqueciéndose con ello al involucrarse en oscuros negociados con la clase empresarial, la intervención de la presidenta -también cuestionada al igual que su familia-, disponiendo la creación de una Comisión Especial para terminar con estas ilegalidades, permitió que algunos con bastantes dudas, confiaran en que por fin se pondría termino a estos actos que nos llevaban a distinguirnos como un país corrupto y protector de las autoridades que internalizaban esta delictual conducta.
Muchos parlamentarios aplaudieron esta decisión, algunos pidieron perdón, otros como la senadora Allende reconocieron que todos en alguna oportunidad le habían torcido la nariz a la ley, coincidiendo en que definitivamente, debía eliminarse el aporte de personas jurídicas –empresas- a las campañas políticas, para terminar con congresales cautivos del empresariado. Hasta ahí todo bien, pero una señal de alerta la constituyó el nombramiento en el cargo en calidad de titular del SII, de Michel Joratt, pese a los cuestionamientos sobre su actuar en calidad de Subrogante, lo que hizo insostenible al gobierno mantenerlo en su puesto, viéndose obligado a pedir su renuncia.
Joratt, al declarar ante el Ministerio Público, en calidad de imputado por haber entregado facturas ideológicamente falsas a SQM, las que habían permitido a esta empresa defraudar al Estado, eludiendo pago de impuestos, manifestó que había sido contactado por el destituido ministro de hacienda de Bachelet Alberto Arenas, quien tiene experiencia en materias de defraudaciones estatales, ya que siendo parte del directorio de Ferrocarriles en el gobierno del ex presidente Lagos, se vio involucrado en la defraudación de más de US$ 2.000 millones, por la cual como ocurre en todos estos casos, pese a actuar diferentes comisiones nadie respondió penalmente.
Si a lo anterior le sumamos, que Jorrat también declaró, haber sido objeto de insistentes presiones por parte del también destituido ex ministro del Interior Rodrigo Penailillo, y otras autoridades de gobierno para impedir que entregara antecedentes que la ley hace obligatorio que los aporte a la justicia en casos de defraudaciones fiscales y que varios parlamentarios de la Nueva Mayoría, pese a haberse comprometido a terminar con los aportes de empresas a las campañas política, hayan intentado que estas fueran autorizadas a efectuar aportes hasta por UF 500 anuales en este rubro, queda demostrado que en el ADN de muchos legisladores se encuentra enraizado el gen de la corrupción y confiados en lo olvidadiza memoria popular, cada cierto tiempo insisten en afianzar técnicas corruptivas y de protección para los corruptos que las idean, dignas de mafias.
Por lo anterior, es imperioso considerar no solo la sanción penal para quienes se involucren en la participación de estos delitos, haciendo efectivo el mañoseado ¡Caiga quien caiga! y extensivas las penas a quienes los encubran a aquellos que valiéndose de sus cargos, entraben el accionar de la justicia, para que así se recupere la confianza en las instituciones y volvemos a ser considerados como nación modelo de probidad y respetuosa del “Estado de Derecho”.
Susana Verdugo Baraona
La autora es médico pediatra y fue Gobernadora del Limarí
