Realizado por la Corporación Ciudades con datos de Senapred a julio de 2026, el estudio deja al descubierto la extrema vulnerabilidad institucional del territorio. Mientras Combarbalá es la única comuna con su plan formalizado, Ovalle, Monte Patria y Río Hurtado figuran «sin revisión». En tanto Punitaqui registra un informe técnico rechazado.
En una provincia marcada históricamente por quebradas cordilleranas, sequía severa, aislamiento vial por lluvias intensas y riesgos sísmicos, la prevención frente a catástrofes en el territorio opera en terreno frágil. Un análisis de la Corporación Ciudades, basado en datos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizados a julio de 2026, reveló que de las cinco comunas que integran la Provincia del Limarí, solo Combarbalá cuenta con un Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD) formalizado mediante Decreto Alcaldicio.
El 80% de los municipios del Limarí carece de este instrumento técnico y legal, obligatorio para diseñar mapas de evacuación, catastro de personas vulnerables o electrodependientes, obras de mitigación en cauces y sistemas de alerta temprana.
El mapa del Limarí: Entre el estancamiento y la reprobación técnica
El desglose provincial evidencia rezagos profundos en la gestión municipal del riesgo, justo en momentos donde los frentes de mal tiempo han vuelto a golpear la zona:
- Combarbalá, la única excepción: Registra su plan debidamente al día con Decreto Alcaldicio otorgado en 2025, cumpliendo con los estándares exigidos por Senapred.
- Sin revisión ni avance formal: Ovalle, Monte Patria y Río Hurtado —comunas golpeadas recurrentemente por el desborde de ríos, activación de quebradas secas y la pérdida de conectividad rural— figuran bajo el estado de «Sin Revisión», sin haber logrado validar un plan oficial.
- Rechazado técnicamente: En una posición aún más compleja se encuentra Punitaqui, cuyo borrador presentado como «Plan Nuevo» fue calificado por los organismos evaluadores como «Plan No Recomendado Técnicamente», dejando a la comuna sin una guía válida para enfrentar emergencias.
Vulnerabilidad territorial sin carta de navegación
La ausencia de un PCRRD no constituye una simple omisión administrativa: afecta la capacidad de gestión de los municipios para justificar inversión pública en obras defensivas, actualizar el Plan Regulador Comunal (PRC) o coordinar respuestas oportunas antes de que la emergencia se concrete.
El director ejecutivo de Corporación Ciudades, Martín Andrade, enfatizó la urgencia de que los gobiernos locales asuman la gestión preventiva como una prioridad técnica inmediata. «La gestión del riesgo tiene una dimensión eminentemente territorial. Cada comuna presenta amenazas, condiciones urbanas y vulnerabilidades distintas, por lo que disponer de estos instrumentos permite pasar de un diagnóstico general a acciones concretas de prevención y preparación acordes con la realidad local».
Recalca que el verdadero valor de estos planes radica en la anticipación a la tragedia. «La reducción del riesgo no comienza cuando ocurre una emergencia. Comienza mucho antes, cuando las ciudades identifican dónde están sus vulnerabilidades, incorporan esa información en su planificación y toman decisiones para disminuir la exposición de las personas y de la infraestructura. Ese es el valor que tienen estos instrumentos para las comunas».
A nivel regional, la cifra ubica a Coquimbo entre las zonas con mayor atraso del país, donde el 77% de las comunas del norte no posee plan. En el caso del Limarí, la falta de este instrumento deja expuestas a miles de familias que año a año enfrentan las inclemencias del clima y el aislamiento en los valles interiores. 11 comunas no tienen un plan formalizado y solo cuatro cumplen: La Serena, Coquimbo, Vicuña y la ya mencionada comuna limarina de Combarbalá.
¿Cuáles son las desventajas para los municipio al no contar con este plan formalizado?
La ausencia de un Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres formalizado mediante decreto alcaldicio expone a los municipios a severas trabas operativas, financieras y legales. En términos presupuestarios, la falta de este instrumento invalida o posterga la postulación de proyectos locales ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los Gobiernos Regionales o ministerios como Obras Públicas y Vivienda. Al no contar con un diagnóstico técnico formalizado que certifique los puntos críticos del territorio, las iniciativas para construir defensas fluviales, colectores de aguas lluvias o encauzamientos de quebradas pierden prioridad técnica o derechamente quedan marginadas de las líneas de financiamiento preventivo.
A nivel de control administrativo, la carencia de esta norma local restringe el margen de acción de las municipalidades para justificar gastos en mitigación ante la Contraloría General de la República. Aunque ante una emergencia desatada Senapred dispone de fondos de ayuda inmediata, la ejecución de recursos propios en obras previas de prevención corre el riesgo de ser objetada si no existe una carta de navegación validada por el Concejo Municipal y la autoridad edilicia. A esto se suma el choque directo con la planificación urbana, pues sin mapas de riesgo debidamente decretados se pueden continuar otorgando permisos de edificación o aprobar subdivisiones en zonas expuestas a remociones en masa, inundaciones o derrumbes.
La falta del instrumento también debilita la capacidad de articulación con empresas privadas de servicios básicos y organismos de socorro. Sin el protocolo oficial que exige la ley, los municipios carecen de herramientas para fiscalizar la autonomía energética de antenas de telefonía o mantener un catastro cruzado y actualizado de personas electrodependientes y adultos mayores en sectores aislados.
Asimismo, bajo el marco de la Ley N° 21.364 que creó el Senapred, la omisión de este plan expone a las autoridades y funcionarios a eventuales acciones judiciales por falta de servicio o negligencia administrativa si se registran daños a la vida o infraestructura en áreas de riesgo previamente conocidas. En la práctica, la comunidad queda subordinada a una respuesta puramente reactiva que obliga a destinar presupuestos a mitigar la catástrofe consumada en lugar de haber invertido en la prevención oportuna del territorio.
Por Angelo Lancellotti González
Periodista
