Tras la nota publicada por OvalleHOY.cl respecto a que solo una de las cinco comunas de la provincia cuenta con su Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD) formalizado a través de decreto alcaldicio, los municipios de Ovalle y Punitaqui abordaron los avances técnicos de sus instrumentos y defendieron la gestión de recursos de emergencia.
El reciente informe de Corporación Ciudades, con datos de Senapred actualizados a julio de 2026, encendió las alertas al evidenciar un nudo crítico en la Región de Coquimbo: el 80% de los municipios del Limarí no posee un Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD) decretado.
El panorama cobra mayor relevancia ante un modelo de gestión nacional que históricamente ha centrado sus esfuerzos en la respuesta reactiva y el recuento de daños tras las catástrofes, postergando la inversión en preparación y mitigación de largo plazo por sobre el gasto inmediato de la emergencia.
Municipios explican sus avances
Frente a este escenario y tras las consultas formuladas por este medio, las casas edilicias de la provincia explicaron sus estados de avance institucionales. Desde el Municipio de Ovalle precisaron que actualmente «la comuna cuenta con un Plan Comunal de Emergencia, instrumento que ha permitido coordinar oportunamente las acciones de prevención, respuesta y recuperación frente a las contingencias del invierno». En relación al PCRRD, aclararon que «corresponde a un instrumento técnico y complementario para identificar y priorizar medidas de mitigación antes de los desastres».
Al respecto, informaron que durante este año la municipalidad se adjudicó un concurso para financiar la elaboración de este estudio especializado a través de una consultora, encontrándose actualmente en etapa de formalización administrativa para el traspaso de fondos, proyectando su finalización para diciembre de este año.
Asimismo, desde la casa edilicia ovallina descartaron que la ausencia momentánea del PCRRD haya limitado la capacidad de respuesta o gestión de recursos públicos. Como prueba de ello, destacaron obras ejecutadas con fondos propios y gestiones ante la DOH y el Gobierno Regional, tales como las intervenciones en Benavente con Tocopilla y las mejoras en el sector Parque Inglés. Al mismo tiempo, el municipio remarcó como elemento de máxima urgencia «la aprobación del Plan Regulador Intercomunal para ordenar el territorio».
Al respecto, el alcalde de Ovalle, Héctor Vega Campusano, señaló que «hoy estamos en un proceso de formalización del Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres, pero creemos que también es prioritario lograr, de una vez por todas, la aprobación del Plan Regulador Intercomunal. Las zonas de riesgo están identificadas desde hace muchos años y llevamos más de cinco años esperando una resolución. No podemos seguir postergando una herramienta tan importante para ordenar nuestro territorio, prevenir riesgos y entregar mayor seguridad y certezas a nuestras comunidades».
La autoridad comunal agregó que «la aprobación del nuevo Plan Regulador Intercomunal permitiría evitar que se sigan construyendo viviendas en zonas de riesgo, como sectores expuestos a inundaciones o remociones en masa. Eso fue precisamente lo que evidenciamos durante la reciente emergencia, ya que existen viviendas emplazadas en sectores que técnicamente han sido identificados como zonas de riesgo, pero que aún no están oficializados en los instrumentos de planificación territorial vigentes».
Asimismo, explicó que «esas zonas sí están consideradas en la propuesta del nuevo Plan Regulador Intercomunal, pero lamentablemente este instrumento aún no entra en vigencia porque sigue pendiente su aprobación. Por eso insistimos en que es fundamental avanzar en este proceso. No podemos seguir permitiendo que se construya en lugares donde sabemos que existe un riesgo para las familias. La planificación territorial debe anticiparse a las emergencias y, por, sobre todo, proteger la vida, la seguridad y el patrimonio de nuestros vecinos».
Por su parte, la Municipalidad de Punitaqui abordó la condición de su borrador catalogado en el informe de Senapred como «Plan No Recomendado Técnicamente». Desde el equipo municipal explicaron que dicha observación obedeció a ajustes metodológicos y de cartografía requeridos por el organismo técnico, los cuales ya están siendo subsanados por los equipos de gestión de riesgo locales para reingresar el documento a evaluación y lograr su posterior aprobación y decreto alcaldicio dentro de los próximos meses.
«Se trabajó en la elaboración del Plan Comunal de Emergencia, el cual fue entregado a SENAPRED para su revisión. Actualmente, el principal nudo es de carácter técnico, ya que el instrumento presenta observaciones que deben ser subsanadas para obtener su aprobación. Una vez cumplida esta etapa, se podrá avanzar en la elaboración y regularización del Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres. Esperamos avanzar en ambos procesos durante el segundo semestre de 2026», sostienen.
Agregan que «la falta del PCRRD debidamente formalizado condiciona el acceso a recursos destinados a prevención y mitigación, al no contar con el instrumento técnico y legal que permita respaldar y priorizar determinadas iniciativas. Su regularización permitirá fortalecer la postulación y ejecución de proyectos preventivos en la comuna».
En tanto, Luis Herrera, encargado de la Oficina de Emergencias del municipio de Monte Patria, señala que «como municipio asumimos esta tramitación como una prioridad municipal, sin embargo el principal punto crítico para la creación del plan ha sido de carácter técnico, por el alto estándar que tenemos como gobierno local para el levantamiento de la cartografía de amenazas y los estudios de vulnerabilidad territorial. Monte Patria es una comuna particularmente extensa, con una geografía compleja y múltiples riesgos asociados a la crisis hídrica, remociones en masa e incendios forestales y consolidar esta información ha demandado un trabajo minucioso», asegura.
Agrega que «actualmente solicitamos una consultoría externa su aplicación y se encuentra en proceso de revisiones en conjunto a SENAPRED y los profesionales del municipio, el instrumento se encuentra en sus fases finales de ajuste y proyectamos su promulgación oficial mediante Decreto Alcaldicio durante el último trimestre del presente año, una vez sorteadas las observaciones definitivas».
El Encargado de Emergencias montepatrino añade que la ausencia de este plan no inhabilita al municipio para acceder a recursos de respuesta inmediata ante desastres. «La ayuda de emergencia sigue garantizada y se activa de manera oportuna a través del levantamiento de las fichas correspondientes y los informes Alfa. Sin embargo, la ausencia del instrumento representa un obstáculo para la fase de prevención. Al no contar con el plan formalmente aprobado implica una falta de priorización de los proyectos para postular en forma de inversión a largo plazo ante fuentes de financiamiento como la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) o el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), esto considerando obras de mitigación, que requieren de este marco regulatorio para justificar su financiamiento. Por esta razón, concretar el decreto es vital para nuestra administración, ya que nos permitirá transitar desde una gestión reactiva ante la emergencia hacia una verdadera planificación preventiva del territorio».
Cabe señalar que al cierre de esta edición, no se pudo obtener una declaración del municipio de Río Hurtado respecto del estado de sus instrumentos preventivos.
En definitiva, queda claro que el principal desafío para los municipios del Limarí radica en migrar desde una lógica reactiva —subordinada al financiamiento de la emergencia ya consumada— hacia una gestión prospectiva que logre articular la planificación territorial, el financiamiento regional y la continuidad de las políticas públicas para reducir efectivamente la exposición de la comunidad frente a los embates del clima.
Por Angelo Lancellotti González
Periodista
