El presidente de la Cámara de Comercio de Ovalle y primer vicepresidente de la Confederación del Comercio Detallista de Chile, Washington Altamirano, analizó la compleja situación que atraviesa el comercio local.
En entrevista con OvalleHOY.cl, el dirigente gremial abordó la persistencia del comercio ambulante en el centro urbano, la proliferación del comercio informal por redes sociales, la baja en las ventas y la crisis de seguridad pública que afecta a la comuna.
¿Cuál es la evaluación actual respecto al comercio ambulante en el centro de Ovalle?
«Llevamos más de 30 años como Cámara de Comercio planteando lo mismo a todas las autoridades. El comercio informal partió fuertemente en la administración de Alberto Gallardo, creció de forma enorme con Marta Lobos y luego se mantuvo en el periodo de Claudio Rentería, donde se intentó intervenir sin resultados definitivos».
Hoy se visualiza una dinámica diaria en el centro de la ciudad, donde la seguridad municipal o Carabineros fiscalizan, los ambulantes se retiran y a los diez minutos vuelven a instalarse…
«Así es y a esto se suma que desde octubre de 2019 y los años posteriores, las ventas del comercio formal han caído estrepitosamente. Muchos comerciantes aún no se recuperan y deben competir a diario con una oferta informal asentada en pleno centro», asegura.
Además de esa competencia informal, ¿qué otras dificultades detectan en torno al paseo peatonal y sus alrededores?
«No se trata solo de venta informal. En sectores como la callle Benavente coexisten incivilidades, prostitución y delitos que la autoridad y las policías tienen identificados. La fiscalización existe y se realizan detenciones, pero la respuesta legislativa es insuficiente. Por otro lado, el golpe económico ha sido duro. Las intensas lluvias del invierno derrumbaron las ventas en julio, un fenómeno que no solo impactó a Ovalle, sino a nivel nacional. Si a la caída de las ventas por clima le sumamos la presión del comercio ambulante, el escenario para el comerciante establecido es crítico».
Ustedes han sostenido reuniones al más alto nivel institucional. ¿Qué propuestas han presentado al Gobierno central?
«En julio pasado, en mi rol de vicepresidente nacional de la Confederación del Comercio, participé en una reunión en el Palacio de La Moneda con el Presidente de la República. Le expusimos directamente que se debe revisar la potestad que tienen los municipios para otorgar permisos en la vía pública, una demanda que el gremio lleva 20 años formulando a distintos gobiernos. Quien quiera comerciar debe arrendar un local y formalizarse. Hay pequeños locales en barrios o calles transversales que pagan patentes e impuestos y tienen menos mercadería que un puesto ambulante en el centro».
¿De qué manera afecta esta evasión tributaria a la economía general?
«El comercio informal no paga impuestos y genera un daño enorme a las arcas fiscales. Al final, para sobrevivir ante la caída de ingresos y la deslealtad comercial, el comerciante formal se ve obligado a reajustar sus precios. Ese incremento termina afectando a los sectores de menores recursos. Si se erradicara el comercio informal y todas las ventas se canalizaran por la vía legal, no habría necesidad de subir tributos; por el contrario, al Estado le sobrarían recursos. El comercio informal es un cáncer que está carcomiendo la economía y donde siempre termina pagando el contribuyente formal».
Un fenómeno creciente es la venta a través de redes sociales sin formalización. ¿Cómo observan este mercado digital informal?
«También se lo planteamos al Presidente. Existe un comercio informático e informal gigante en redes sociales que opera en base al contrabando. Es un volumen inmenso. Pensemos en los miles de contenedores que ingresan al país por los puertos; para Aduanas es materialmente imposible fiscalizar cada embarque, por lo que entra mucha mercadería subdeclarada o no declarada. Si bien el Servicio de Impuestos Internos ha comenzado a fiscalizar a personas con alto volumen de transferencias bancarias, se requiere una norma mucho más estricta para frenar esta evasión».
En materia de seguridad pública, ¿cuál es el diagnóstico de la Cámara de Comercio sobre el despliegue policial en la comuna?
«Participamos activamente en las instancias de coordinación y en las sesiones del STOP (Sistema Táctico Operativo de Carabineros), con el municipio, la Delegación Presidencial, Carabineros, la PDI y Fiscalía. El trabajo policial se ejecuta y hay detenciones diarias, pero el sistema judicial falla cuando personas con 10 o 20 reiteraciones por delitos o faltas quedan libres a las pocas horas. Por otro lado, la dotación policial en Ovalle es insuficiente. No es posible que para una comuna de más de 120 mil habitantes existan noches con apenas dos patrullas disponibles para cubrir grandes extensiones poblacionales y el sector centro».
¿Qué cambios consideran urgentes para revertir el sentimiento de inseguridad en la ciudadanía?
«Se requiere, como mínimo, incrementar en un 50% la dotación de personal para Carabineros y la PDI en la zona, adaptándola al crecimiento real que ha tenido la ciudad. Junto con eso, los parlamentarios deben modificar la legislación para endurecer las penas y terminar con la puerta giratoria. Hoy los vecinos y los comerciantes tienen temor de salir de noche. Si no hay cambios legales de fondo y un aumento real de contingente, seguiremos atrapados en el mismo problema».
Por Angelo Lancellotti González
Periodista
