El impacto real de las medidas de incentivo laboral queda, al menos, en tela de juicio al contrastar las solicitudes de bonos con la masa de desocupados que arroja el último trimestre móvil en la Región de Coquimbo.
La estrategia gubernamental para mitigar la crisis del mercado laboral mediante herramientas de cofinanciamiento enfrenta un dilema al analizar su real incidencia en el territorio.
Si bien el Ministerio del Trabajo y Previsión Social destaca recientemente que el Subsidio para la Contratación supera las 1.000 postulaciones en la Región de Coquimbo, un desglose numérico de la medida revela que estas cifras corresponden a solicitudes nominales de beneficios y no a contrataciones consolidadas masivas, lo que podría considerarse como un paliativo de alcance acotado frente al volumen estructural de la desocupación.
El problema adquiere mayor complejidad al cruzar los datos institucionales con las mediciones oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026, la tasa de desocupación en la Región de Coquimbo se ubicó en un 9,5%, igualando la media nacional y afectando a una base aproximada de 40.600 personas desocupadas dentro de una fuerza laboral donde las personas ocupadas alcanzan las 388.117. En este escenario, las mil postulaciones al subsidio representan apenas una fracción menor frente a las decenas de miles de habitantes que buscan activamente un puesto de trabajo en los valles limarinos y el resto de las comunas regionales.
A esto se suma la persistente brecha de género que golpea a la zona. Mientras los hombres registran históricamente un desempleo que ronda entre el 7,9% y el 8,2%, el segmento femenino se mantiene crónicamente sobre los dos dígitos, reflejando una vulnerabilidad estructural que las actuales herramientas de fomento a la contratación de SENCE no logran mermar de manera significativa debido a su limitada incidencia práctica en el mercado formal.
Puente a la formalidad
A pesar de lo nominal de las cifras que hay en torno al subsidio y su distancia frente a la masa total de cesantes, desde la cartera sectorial defienden la continuidad de la herramienta como un puente hacia la formalidad.
Al respecto, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Barrera Escobar, señaló que “superar las 1.000 postulaciones es una señal de que existe interés por parte de las empresas de la región en utilizar esta herramienta para contratar. El objetivo que nos hemos trazado como Gobierno es que este subsidio se traduzca en más oportunidades de empleo formal para las personas que hoy están buscando una oportunidad laboral”.
Asimismo, la autoridad agregó que “queremos que más empresas conozcan este beneficio y puedan utilizarlo, especialmente aquellas que están proyectando nuevas contrataciones. Detrás de cada postulación hay una posibilidad concreta de que una persona pueda acceder a un empleo formal, con protección social y derechos laborales”.
Por Angelo Lancellotti González
Periodista
