El “Mensaje de Ejecutivo” del año 1995, al enviar al parlamento el “Proyecto de Modernización de la Justicia”, exponía que: la consolidación de modelo democrático exigía “el respeto de los derechos humanos como un principio fundamental de legitimidad” lo que conllevó a crear el Ministerio Público durante el año 1999, para que de forma exclusiva dirigiera el nuevo modelo de ley y que el 2000, entrara en vigencia el Código Procesal Penal, que contiene los preceptos legales sobre los cuales debe sustentar su actuar.
Como el proyecto prometía una justicia accesible, imparcial e igualitaria que maximizara las garantías, previniera la corrupción y permitiera una activa participación de la ciudadanía en el poder, contando con un poder judicial eficiente e independiente, causa extrañeza que las medidas adoptadas para optimizar lo proyectado, estén actuando en contrario, y la protección de los derechos constitucionales que se pretendía asegurar a los ciudadanos que en su mayoría respetando la legalidad realizan sus actividades diarias, se vean conculcados a verse enfrentados a los derechos de los delincuentes.
Ejemplo claro de ello, es que de la totalidad de los delitos que se denuncian en las Fiscalías del país, un 94% son archivados con mínimas o nulas investigaciones, gozando los delincuentes de alto grado de posibilidad de seguir participando en su actividad ilícita, ya que las penas que se aplican en las sanciones del 7% que son condenados, en mucho casos resultan irrisorias, o difíciles de fiscalizar como ocurre con la aplicación de las reclusiones nocturnas, lo que se demuestran en el alto número de reincidencias que presentan en sus prontuarios.
Esta denominada “nueva justicia” que se aplica, es tan poco objetiva e irracional que ha llevado a sufrir penas de prisión a dueñas de casa, por infracción a reglamentos municipales, como son el no regar el césped frente a su domicilio o no retirar oportunamente escombros; pero deja en libertad a quienes quemaron a un cajero de Servipag en Hualpén, para poder asaltarlo y que hoy se encuentra grave en un hospital de Santiago donde debió ser trasladado.
Al comprobar las víctimas, que frente a las denuncias de haber sido asaltadas, en ocasiones reiteradamente, las Fiscalías reaccionan emitiendo un “oficio tipo” que señala que los antecedentes aportados resultan insuficientes para investigar, y que la causa será archivada provisoriamente, pudiendo reactivarse si aporta mayores datos, y en una conducta que ya parece formar parte del accionar judicial en tanto, muchos de los delincuentes que son puestos a disposición de los tribunales competentes, son dejados en libertad, so pretexto de no haber recibido antecedentes suficientes para privarlos de este derecho, las víctimas con toda justicia se preguntan:
Que, es lo que falla en estos casos: La mala calidad de los parlamentarios –que próximamente aumentaran en cantidad, que crean leyes garantistas bajo el pretexto de “modernismos”, pero sin modificar el Código Penal, sobre el cual se debe actuar, en el cual varios de sus artículos datan del año 1875, año de su creación, la mala calidad de los jueces, o sencillamente la mala calidad de los fiscales, que por uno u otro motivo no cumplen a cabalidad con lo preceptuado en el actual Código Procesal Penal.
Sea lo que sea lo que falla, lo cierto es que dicha falencia debe ser enmendada para asegurar el accionar de un efectivo y real estado de derecho, del cual se beneficien todos en igualdad de condiciones.
Dra. Susana Verdugo Baraona
