La mujer de 40 años en febrero del 2012 fue condenada a cinco años y 1 día por el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle como autora de los delitos de estafa en carácter de reiterado a 8 personas de sectores rurales del Limarí por un monto total cercano a los 30 millones de pesos.
Según la acusación presentada entonces por el Ministerio Público de Ovalle “entre los meses de septiembre de 2005 hasta el mes de mayo de 2006 , Susana Ester Frías Tarifeño, con la intención de defraudar, aparentó ser una espiritista y sanadora, realizando propaganda sobre sus “dones” en diferentes radios emisoras de la ciudad de Ovalle.
Una vez que las víctimas concurrían a su consulta, ubicada en calle Federico Alfonso de Ovalle, les diagnosticaba el padecimiento de diversas enfermedades y el ser víctimas de un “mal”, para cuya sanación les cobraba diferentes sumas de dinero.
Pero el asunto no paraba ahí, puesto que – agrega la acusación – “ luego, les indicaba que en sus casas existían “entierros” de monedas de oro, y que para sacarlos le debían pagar altas sumas de dinero, concurriendo la acusada hasta sus domicilios, en concierto con su conviviente, Carlos Antonio Villavicencio Retamal, de 40 años, donde luego de fingir rituales espirituales, simulaba la aparición de monedas de oro, que en definitiva resultaban ser de plomo. El monto defraudado a las ocho víctimas denunciantes ascendería a una suma total de $28.618.000.”
Ya el 2 de diciembre de 2009 había sido condenado su cómplice Villavicencio Retamal, a cuatro años de libertad vigilada, oportunidad en la que Susana Frías Tarifeño no se presentó, siendo capturada meses más tarde en una pequeña localidad de la Sexta Región.
Pero la Brujita Mística (como se hacía llamar) no se ha quedado tranquila en su celda, sino con el apoyo de la Defensoría Penitenciaria, ha insistido en buscar reducción a su sentencia, alegando abonos por periodos en los que pasó en prisión preventiva o arresto domiciliario en Ovalle y en San Fernando. Recordemos que en la Sexta Región había sido sentenciada también por el delito de estafa y por la Ley 20.000.
Ahora fue programada para el 3 de septiembre próximo en el Juzgado de Garantía de Ovalle una audiencia de revisión de su sentencia y pena, oportunidad en la que será representada por el defensor penitenciario Ignacio García Morales.
La Defensa Penitenciaria está dirigida a la defensa de personas adultas condenadas bajo la reforma procesal penal que se encuentren recluidas en algún establecimiento penal administrado por Gendarmería de Chile.
El servicio de defensa penitenciaria comprende una serie de actuaciones judiciales y extrajudiciales, que se extienden durante el cumplimiento de la condena privativa de libertad hasta su completa ejecución. El objetivo es resguardar los intereses, garantías y derechos del condenado. La atención está a cargo de un grupo interdisciplinario, conformado por abogados y asistentes sociales, contratados mediante el sistema de licitaciones públicas.
