El contralor Ramiro Mendoza señaló a los diputados de la Comisión Investigadora creada para investigar las irregularidades detectadas en uso de los recursos entregados por la Ley SEP a los municipios, que estaban destinados para los estudiantes más vulnerables social y económicamente, para elevar la calidad de su educación, fueron usados para otros fines y en el control se detectó según sus dichos «una suerte de cultura del despelote del gasto público».
Las revisiones efectuadas por la Contraloría demostraron que muchos recursos se utilizaron en viajes «pedagógicos» al extranjero, salidas a centros recreacionales, celebraciones del día del Profesor, jornadas de capacitación con «city tour» incluido, celulares, escuelas de verano y hasta asesorías comunicacionales; -vulnerando la ley- con la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Las deficientes medidas de control, derivaron en que el ejercicio 2011, en los municipios en que «debiera haber un remanente de $ 26 mil millones, existiera un saldo de banco de $ 13.159 millones (en caja) y evidencia de uso para otros fines de $ 13.740 millones, o sea faltaba el 51%».
En ello, el primer lugar en déficit lo tuvo la Municipalidad de Ovalle, que hizo mal uso de $ 2.560 millones de pesos.
Los honorables que crearon la Ley SEP, no crearon métodos de fiscalización efectivos, por lo que llama profundamente la atención, que ahora, aprovechándose de tener mayoría en el parlamento, quienes crearon la ley que supuestamente beneficiaría a los estudiantes más vulnerables, sin haber ejecutado acción alguna para recuperar las pérdidas, pretendan destinar a educación US$ 8.300 millones de dólares, sin que tenga noticia que autoridad alguna tenga intención de sancionar esta a lo menos inmoral conducta rayada en lo delictual.
En las corporaciones municipales, las revisiones demostraron que la situación es aún más grave, ya que la cifra faltante (de recursos) «es alarmante”, puesto que $ 11.819 millones de los más de $15 mil millones que debieran estar disponibles como remanentes fueron usados para otros fines, lo que corresponde al 73% de las subvenciones preferenciales.
La situación en lo provincial es preocupante, cuando una ex edil de Ovalle, responsable de la mayor pérdida de recursos durante su ejercicio, manifiesta su intención de presentarse como candidata al sillón edilicio en una próxima elección; sin que se observe intención de esclarecer lo ocurrido y en lo nacional en lugar de sanciones se otorguen premios a los responsables de este acto de corrupción, al elevar cuantiosamente los recursos, sin que nadie tenga claro cómo se fiscalizará su uso, lo que de seguro terminará en un círculo vicioso, lo que como siempre hará imposible fiscalizar el correcto empleo de los recursos públicos.
Dra. Susana Verdugo Baraona.-
