Durante estas últimas semanas, los medios de comunicación nos han dado a conocer que dos chilenos (Mónica Caballero y Francisco Solar) se encontraban siendo sometidos a juicio en España, al ser culpados de instalar una bomba en la Basílica De Nuestra Señora Del Pilar de Zaragoza (02-10-2013).
Los cuales finalmente fueron condenados por los tribunales de justicia de dicho país a una pena de 12 años de prisión y a indemnizar tanto a la mujer herida por dicha explosión como al cabildo de Zaragoza. Cabe destacar que esta pareja durante su juicio gritaron «viva la anarquía y muerte al Estado» y es la misma que fue enjuiciada en nuestro país por una seguidilla de bombazos que afectaron a la capital durante los 2005 y 2010, a los cuales se les denominó «caso bomba» y que el Tribunal de Garantía no sólo los encontró inocente, sino que además ordenó con el beneplácito de la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que por conceptos de reparación y costo del proceso recibieran junto a los otros cuatro implicados $520.000.000 (1 millón de dólares), 100 millones para Francisco Solar y 80 millones para Mónica Caballero quienes posteriormente del juicio viajaron a España y se integraron al comando insurreccionistas Mateo Morral (grupo anarquista).
Por otro lado, vemos como el presidente francés François Hollande tras los repudiables atentados cometidos en Paris, los cuales consideró como «un acto de guerra» junto con decretar el cierre de las fronteras, desplazó efectivos militares para fortalecer la seguridad en la capital francesa y el primer ministro de Bélgica declaró «debemos hacer frente a ello unidos, nuestro temores se han hecho realidad», «se están desplegando fuerzas militares y reforzando el control de las fronteras».
Bachelet ante dicha situación, expresó su más profundo y enérgico rechazo a los atentados terroristas que el Estado Islámico llevó a cabo tanto en Francia como en Bélgica, planteó una «condena completa y absoluta y el rechazo a toda forma de violencia y terrorismo que lo único que pretende y persigue, justamente, es que la convivencia sea una convivencia de miedo y sin razón». La clarificadora condena de la mandataria contrasta con su actitud frente a lo que sucede en el sur de Chile; porque sus palabras no solamente condenan los hechos terroristas más graves, sino también cualquier forma de violencia que apunte a poner en riesgo la integridad de la población, por tratarse también de otra forma de ejercer daño y temor.
La nítida condena expresada en ambos casos, contrasta, cuando se trata de calificar los episodios de violencia ocurridos en Chile; en donde las acciones terroristas se han apoderado de las regiones VIII, IX y X transformándose en el pan de cada día. Desgraciadamente en zonas como la Araucanía el estado de derecho se ha debilitado a tal punto que grupos violentistas operan con total impunidad, atentando gravemente en contra de las personas y la propiedad. De hecho durante el año 2015, en esa zona hubieron 270 actos de violencia que podemos denominar terroristas, se han quemado 14 bosques, 27 viviendas, 19 camiones, 1 caseta de carabineros, 1 transporte escolar y 1 sede vecinal, 6 comboy que se encontraban bajo la custodia policial, fueron quemados y sus choferes y policías baleados. Este hecho desmiente la supuesta mafia de robo de madera creada por el Gobierno y que deja al descubierto que las actuales autoridades han perdido el control en esas zonas con violentistas que quedan impunes. La peor parte la saca carabineros porque además de arriesgar su vida, quedan expuestos a las consecuencias que puede tener el defenderse y ver truncada su carrera profesional.
Lo inicialmente descrito una vez más hace que Chile pierda terreno en el plano internacional, esta vez escala en el ranking mundial de países donde se producen actos terroristas ya que según el Global Terroris Index 2015 subimos 12 puntos, pasando del lugar 58 al 46 a nivel mundial.
Lo anterior no hace más que reflejar el doble estándar del Gobierno y sus actuales autoridades que con su actitud zigzagueante, no ha dejado más que en evidencia que existe una innegable crisis de liderazgo y de conducción política, como quedó en evidencia con la visita de la mandataria a la Araucanía a fines del año pasado, al dejar fuera inexplicablemente al Ministro del Interior. Esta falta de consistencia a hechos ocurridos en el exterior y los acontecidos en el país ciertamente confunde, por lo que urge restablecer los principios enunciados por la propia presidenta.
Por Susana Verdugo Baraona.
