Días atrás, monseñor Alejandro Goic, Obispo de Rancagua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, propuso reajustar el actual salario mínimo de 250 mil pesos a 400 mil pesos mensuales. Cabe destacar que en los últimos 25 años este ha crecido en términos reales un 120% y esto se debió fundamentalmente por el adecuado crecimiento económico que el país sostuvo y que desgraciadamente hoy no tiene.
Como si eso ya no fuera preocupante, el Banco Central en su último informe de Política Monetaria, reconoció su responsabilidad (interna) en la desaceleración económica y la proyectó una vez más a la baja; ya que esta crecería alrededor de 1.5% durante el presente año y daría así al actual Gobierno un crecimiento promedio de un 2%. Además el informe prevé una disminución en la demanda interna y en la inversión, dando como resultado en el promedio 2014 y 2016 el peor trienio económico de Chile en los últimos 30 años; superando inclusive los periodos negros de la economía mundial.
Para ilustrar este difícil escenario económico, digamos que si Chile hubiese seguido creciendo al ritmo de 5.3% anual como lo hizo en el Gobierno de Piñera, en 18 años más podríamos estar doblando nuestro ingreso per cápita e inclusive alcanzar un nivel de vida semejante al de Canadá; pero con el actual ritmo de crecimiento de este Gobierno, para llegar a la misma meta antes propuesta, nos tomaría más de 70 años.
Es por ello que frente a estos antecedentes, me preocupa y me llama la atención lo señalado por el presidente de la Cámara de Diputados quien indicó que respecto al aumento del número de parlamentarios lo siguiente: «con el presupuesto que tiene hoy la cámara no es suficiente para enfrentar este desafío”; de hecho un estudio realizado por congresistas de la nueva mayoría, estima que el costo (sólo de los nuevos Diputados) ascendería a unos 10.273 millones de pesos anuales; lo que claramente contrasta con lo sostenido en diversas oportunidades por el actual Gobierno al manifestar siempre que el aumento de parlamentarios no significaría un mayor desembolso y que sólo se necesitarían ajustes internos.
Frente a dichas afirmaciones me pregunto si ¿nos encontramos una vez más delante de una nueva irresponsabilidad y error de cálculo de las actuales autoridades? como venimos viendo desde hace tiempo por ejemplo en materia de educación o simplemente ¿esto responde a una sutileza de la nueva mayoría para cambiar el sistema electoral por otro que fuera hecho a la medida para ellos?; puesto que nadie cree que con el aumento de estos congresistas se vayan a solucionar los problemas de la población.
La presidenta y la nueva mayoría le deben una explicación al país por el mal uso de los recursos públicos frente a las reales y urgentes necesidades de la gente, como tener un acceso a una educación de calidad desde la más tierna infancia, disminución en los tiempos de espera por una cirugía o por la atención de un especialista que muchas veces tardan años en concretarse, el preocuparse de los adultos mayores y su calidad de vida, en generar más y mejores empleos y un largo etc.
No olvidemos que todo lo anterior es producto de la mala gestión del actual Gobierno y de su constante preocupación en satisfacer las demandas de sus grupos afines, más que de pensar en las necesidades del país en general, atentando una vez más contra la tan anunciada y reiterada igualdad de trato. Esto explicaría en parte porque la gente perdió la confianza en Bachelet, tal como lo reflejan las últimas encuestas que por más de 11 meses consecutivos la mantienen con una aprobación inferior al 30% y con un alto nivel de rechazo 67% sumando a esto la baja de 10 puntos en el atributo de «cuenta con liderazgo».
Es por ello que frente al escenario que las actuales autoridades nos han entregado es prácticamente imposible el día de hoy llegar a dicha propuesta, puesto que el punto de equilibrio está situado en estos momentos en maximizar el empleo, en que la mayor cantidad de personas puedan obtener un trabajo, pues el que no tiene empleo y no gana nada, está en peores condiciones aún.
No se trata de nivelar para abajo como es la constante de estas autoridades como lo fue el caso de querer «quitarle los patines» a los estudiantes, sino que frente a este contexto no se puede favorecer a los que ya tienen trabajo en perjuicio de los que no lo tienen, que son los pobres entre los pobres, elevándoles aún más la barrera de ingreso al mercado laboral, frente a las condiciones económicas del país.
Por Susana Verdugo Baraona.
