Solo los medicamentos de cada uno de los chicos, bordean los 600 mil pesos. La medida fue decretada por el Juzgado de Familia de Coquimbo que rebajó considerablemente la suma asignada con anterioridad, a petición del padre de ambos menores.
Una compleja situación se encuentra viviendo Karen Ale Pizarro de 34 años, madre de 4 niños menores de edad, dos de ellos con enfermedades invalidantes y cuyo tratamientos significan elevados gastos. Esto, luego que el Juzgado de Familia de Coquimbo aceptara la solicitud de rebaja de pensión de alimentos de $650.000 pesos a $162.000, hecha por el progenitor de ambos menores, quien de acuerdo a la sentencia emitida por el tribunal, sostiene «que sus facultades económicas y las circunstancias actuales son distintas de las existentes al momento de pactar dicho acuerdo», refriéndose a lo acordado con anterioridad.
«El 2013 partió el proceso de demanda de pensión, en el cual acordamos el trato de 650.000 pesos, en ese momento él trabajaba en la minera La Escondida, pero renunció y solicitó rebajar la pensión de alimentos a los 160.000», explicó Karen Ale, agregando que, «los antecedentes entregados por él ante el tribunal no son ciertos, aunque en la instancia no comprueban nada, no se hace una investigación, ni las gestiones necesarias».
Karen, asistente social de profesión manifiesta que no puede trabajar por el delicado estado de salud de sus hijos Jorge y Yuneia, «ellos están postrados, la Teletón los viene a visitar a la casa».
Los gastos de mantención de los niños que son altísimos debido a su condición -como también los de sus medicamentos cuyo valor ascienden a los 600 mil pesos aproximadamente por cada niño- eran cubiertos en parte por la pensión acordada anteriormente, más los aportes de los padres de Karen, con quienes vive actualmente tras ser desalojada de la casa que habitaba. «A nosotros él (refiriéndose al padre de los niños) nos dejó la casa, pero cambió el nombre al de su hermana, tras lo cual ella hizo una demanda y nos desalojaron», relata Karen.
«El sistema judicial deja mucho que desear, son dos niños con condiciones realmente de riesgo, es por el bien de los niños y eso no lo están considerando», manifiesta y añade que «cuando me dijeron la sentencia, la justificación que me dio la Magistrada fue que él no tiene trabajo, aunque tampoco lo obligan a buscar uno».
Finalmente, Karen Ale indica que el progenitor de los niños no tiene contacto con ellos «hace un año y medio», también señala que «faltan más profesionales que se comprometan con las causas, como ministro de fe. En mi caso es complicado y eso que puedo lograr la solvencia, no porque tenga los recursos, sino por mi redes de apoyo, pero qué pasa con aquellas personas que no cuentan con los recursos cuando los tribunales dictaminan estas pensiones?» concluyó la madre de los dos menores.
Paloma Olivares Beltrán
