El abogado de la Fundación Género y Cultura, que vela por los DDHH en Ovalle añadió que ha habido «un uso excesivo de fuerza, uso indiscriminado de lacrimógenas y balines, no como forma disuasiva sino como castigo contra quienes se manifiestan«.
En nuestra ciudad, la Fundación Género y Cultura ha conformado un Equipo Interdisciplinario de Derechos Humanos, con abogados, psicólogos, trabajadoras sociales, estudiantes de Derecho de las universidades regionales que reciben denuncias de violaciones y prestan asesoría jurídica y apoyo psicosocial gratuito a las personas de la Provincia del Limarí.
El abogado Mario Barrios Rojas, que es uno de los profesionales del equipo, señaló que «para quienes hemos estado velando por la protección de los DDHH de los detenidos en contexto de marchas y manifestaciones pacíficas, es un gesto que se agradece» y remarcó que «Carabineros de Chile no ha cumplido con los protocolos ni con las garantías constitucionales y legales que existen en un Estado de Derecho».
Consultado por nuestro medio acerca de los ámbitos en que la policía uniformada no ha cumplido, el abogado ovallino señaló que «no han entregado información expedita, impidiendo el acceso al libro de detenidos que debería ser uno solo y al no permitir la entrevista privada de detenidos con abogados para corroborar las circunstancias de su detención y estado de salud».
Para el letrado, Carabineros ha hecho además, «un uso excesivo de fuerza, uso indiscriminado de lacrimógenas y balines, no como forma disuasiva sino como castigo de quienes se manifiestan» y denunció que «se levantan actas de salud que son firmadas por los detenidos con el objeto de que salgan en libertad de forma más rápida sin medir las consecuencias sobre el peso de la prueba».
Barrios agregó que en una nueva oportunidad, «nos gustaría poder acompañar a dichos magistrados a sus vistas para corroborar in situ, la existencia de diversos libros: novedades, imputados, etc» y añadió que «el libro de detenidos es de acceso público y no se requiere ser abogado, ni mucho menos, abogados que presten servicios al INDH».
El abogado ovallino «valoró la preocupación de los magistrados, en el contexto de la situación que vive el país, para velar correctamente por la protección de los derechos que posee todo ciudadano que es detenido por quien detenta la Fuerza Pública, independientemente de la falta, delito o crimen que haya cometido, pues los derechos personales no pueden ser vulnerados arbitrariamente».
Finalmente manifiesta que «anhelamos un poco de criterio, empatía y sensibilidad de la fuerza policial, como asimismo, entendemos el grado de estrés y cansancio en que se encuentran nuestras fuerzas de orden. Nadie quiere violencia, del lado que sea, ni saqueos y quienes concurran en la comisión de dichos delitos deben ser sancionados y aplicárseles todo el rigor de la ley».
Por Angelo Lancellotti González
Periodista
