Distintas visiones sobre la participación ciudadana dieron a conocer senadores de la Comisión de Gobierno; mientras algunos apelan a la corresponsabilidad ciudadana en elecciones, otros apuntan a enfrentar las razones de los problemas de legitimidad y las brechas provocadas por el voto voluntario.
Dar más legitimidad al sistema político, reducir brechas socioeconómicas de participación; y disminuir brechas por edad. Estos son algunos de los objetivos que persigue el proyecto que busca reponer el sufragio obligatorio y que fue retomado en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización .
La iniciativa corresponde a una moción, en primer trámite constitucional, de autoría de los senadores Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Alfonso De Urresti, Felipe Harboe y Jorge Pizarro. El texto legal es distinto al que fue rechazado en la Cámara de Diputados.
De hecho, esta propuesta fue ingresada en 2015 y desarchivada en octubre pasado a petición del senador Juan Pablo Letelier, presidente de la instancia.
En ese contexto, los parlamentarios recibieron nuevas audiencias que explicaron la evidencia comparada a nivel internacional respecto a sus procesos electorales y la aplicación del voto obligatorio.
Tanto el Laboratorio Constitucional UDP (Labcon), como la Fundación Vivienda, argumentaron que en Chile existe una percepción favorable a la reposición del mismo.
Las organizaciones dieron a conocer que países con este sistema obligatorio mantienen un 7.3% más de participación electoral respecto a aquellos de carácter voluntario. Actualmente, 27 estados cuentan con el voto obligatorio.
Además, sus estudios revelan que nuestro país posee una tendencia de participación por debajo del promedio sudamericano, ya que sólo un 49% sufragó en la segunda vuelta presidencial del 2017.
Entre los menores de 29 años, aquellos pertenecientes a los sectores socioeconómicos más altos de la Región Metropolitana, cifran su participación en más de un 65%. En cambio, en sectores sur y poniente de la capital, sólo un número inferior a un 40% emite su voto.
Al respecto, el senador Juan Pablo Letelier manifestó que “este es un debate fundamental para la cohesión social, para que las instituciones recuperen legitimidad necesitamos que todos los chilenos se comprometan”.
Desde que se implementó el voto voluntario el año 2009, a su juicio, “la participación es cada vez más reducida y es una de las causas del problema de legitimidad, por eso creo que es un debate que espero que todos entendamos”.
POSIBLES SANCIONES
En el trámite del proyecto, también se debate respecto a incorporar posibles sanciones, ya sean pecuniarias o administrativas, apelando a la corresponsabilidad como ciudadanos.
Desde no poder ejercer cargos políticos a no acceder a préstamos bancarios, son algunos ejemplos aplicados en otros países, pero a juicio de expertos, los posibles castigos deberían perjudicar los derechos políticos de las personas.
“Yo creo que votar es un deber, como pagar impuestos. Es fundamental para la cohesión. Si queremos avanzar hacia un estado social de derecho, es importante que la gente participe en estas definiciones”, señaló el senador Letelier.
En tanto, la senadora Luz Ebensperguer, integrante de la instancia también evaluó la iniciativa desde otra óptica, pues consideró que “para que todos los distintos sectores voten por igual, no creo que sea el voto obligatorio la solución».
Al respecto, instó a realizar una reflexión más profunda e invitó a «ver y analizar cuáles son las causas de esta tendencia de baja participación y apostar por una solución de fondo de ellas, no obligarlos a votar”.
