Medida se amplía a los servicios de telefonía e internet y establece que las deudas podrían prorratearse hasta en 24 meses.
La Comisión de Economía despachó la idea de legislar sobre una batería de mociones refundidas y que apuntan a suspender el cobro de servicios básicos y evitar el corte de los suministros mientras dure el estado de catástrofe por Covid- 19.
La propuesta establece que, durante el estado de catástrofe y en los 30 días posteriores a que sea levantada, las empresas proveedoras de servicios de agua potable, electricidad, gas, telefonía e internet, no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los servicios básicos a sus clientes, en base a la existencia de mora en el pago.
El beneficio se extiende a personas naturales, organizaciones sin fines de lucro, hospitales, cárceles, hogares de menores en riesgo social, bomberos y empresas de menor tamaño.
Las deudas de estos usuarios finales se podrán prorratear hasta en 24 meses y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses por mora. Tampoco se aplicará a los hogares un límite de consumo para acceder a estos beneficios.
“La infracción de lo dispuesto en la presente ley será sancionada con multa, a beneficio fiscal, de 1.000 a 2.000 UTM”, concluye el texto refundido.
Al respecto se escucharon los planteamientos del Ejecutivo, por parte del Ministro de Energía Juan Carlos Jobet. El secretario de Estado manifestó reparos a la iniciativa, señalando que debieran generarse incentivos a las personas en condiciones de pagar, de lo contrario, se generaría un perjuicio a pequeñas empresas proveedoras que afectaría la continuidad del servicio. Por esto, llamó a “buscar equilibrios”.
En respuesta, el presidente de la instancia legislativa, el senador Álvaro Elizalde, solicitó que el Gobierno tome parte en la discusión y no se mantenga al margen, para evitar lo ocurrido en el trámite de los proyectos sobre el pago de permisos de circulación.
La senadora Yasna Provoste recordó que, en el mismo tenor, la Cámara de Diputados despachó un proyecto suscrito de manera transversal. “El parlamento le está diciendo al Ejecutivo que no tome palco de esto y sea parte de esta discusión”, apuntó.
El senador oficialista José Miguel Durana, en tanto, precisó que “creo de suma importancia de que tiene que estar la posición del Ejecutivo, porque debemos generar un equilibrio para proteger a quienes también, a través de la cadena de pagos, están dando empleos”.
CRÉDITOS BANCARIOS
Sobre el final de la sesión, la instancia aprobó unánimemente y envió a la Sala para su análisis en general, un proyecto de ley para suspender por seis meses los pagos de créditos hipotecarios y de consumo.
El texto establece la suspensión por seis meses de los pagos de dichos créditos actualmente vigentes o en proceso de repactación. “Dichas cuotas se trasladarán al final del período acordado en cada operación y no experimentarán cobros de interés alguno”, agrega.
Además, se precisa que las entidades bancarias no podrán someter a una nueva evaluación crediticia a los solicitantes, ni solicitar nuevas garantías o pedir que se incrementen las actuales con motivo de las renegociaciones. Tampoco podrán exigir la contratación de productos asociados para su otorgamiento. La Comisión acordó enviar a la Sala el proyecto y en una próxima sesión escuchar a los representantes del rubro bancario.
