Luego de más de un año de espera, la mayor parte con el acusado en prisión preventiva, el viernes se iniciará finalmente el juicio oral contra del joven auxiliar de buses acusado de ser uno de los autores del incendio de casetas de peajes de la ruta D- 43 ocurrido el 17 de diciembre de 2019.
Según el Ministerio Público de Ovalle, en esa fecha, a las 08:54 horas aproximadamente, el acusado M. I. A. T. o, quien se desempeñaba esporádicamente como auxiliar en una empresa de buses, junto a otras personas concurrió hasta el peaje Las Cardas ubicado en la Ruta D43, kilómetro 34.5 Comuna de Ovalle, para protestar contra la determinación de la autoridad y de la empresa encargada de la administración del peaje por el alza del valor del servicio.
En ese contexto, agrega la acusación, fueron levantadas en el lugar barricadas, con maderas y neumáticos (que habrían sido trasladadas en un bus) los que fueron encendidos con la ayuda de líquido acelerante adquirido en una estación de servicio situada en calle Tangue de Ovalle. Además el acusado habría roto los vidrios de la caseta 1 del peaje , para arrojar al interior liquido acelerante, la que resultó con daños avaluados en la suma de 10 millones de pesos por la acción del fuego.
El acusado fue identificado a través de imágenes de cámaras de seguridad, que el Ministerio Público presentaría como pruebas en las audiencias que se realizarán desde el viernes en la sala 2 del Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle.
El Ministerio Público solicita que se condene al acusado “en su calidad de autor de los delitos contra el orden público sancionados en las letras c) y d) de la Ley de Seguridad del Estado, a una pena única de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y como autor de un delito de incendio, a una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más una multa de 15 Unidades tributarias Mensuales, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Lo anterior, con expresa condenación en costas”, agrega la acusación.
PERSECUCIÓN POR PROTESTAR
En los últimos meses la familia del acusado ha venido manifestando su desacuerdo con la actuación del Ministerio Público que ha reiterado la negativa a liberar al joven a la espera del juicio moral, así como la excesiva prolongación de la espera de la audiencia; casi un año y medio.
En opinión de la familia “los órganos del Estado están realizando una persecución en contra de Matías por protestar”.
“Ya es una persecución de parte de la Fiscalía y el gobierno. Si mi hijo se hubiese querido fugar o no presentarse ante la justicia lo hubiese hecho hace mucho tiempo y no habría estado sufriendo un año como lo está haciendo ahora. Lleva un año sin saber cuándo será su juicio. La Fiscalía quiere dilatar el juicio lo más que se pueda”, agregó el padre en declaraciones al diario El Ovallino.
El lunes pasado se realizó una de las manifestaciones públicas en la que familiares y amigos del acusado han desfilado desde la Plaza de Armas por el paseo peatonal, en dirección a la Alameda exigiendo la aceleración del proceso del joven, así como “libertad a los presos políticos”, en el entendido que lo que el joven realizaba al momento de ser detenido era hacer uso de su derecho a manifestarse públicamente.
Lo cierto es que la espera de M. A. está llegando a su fin, aunque si el tribunal durante los diez días que se prolongue el juicio, acoge los argumentos del Ministerio Público, es probable que sufra una condena no menor.
