El 16 de marzo pasado, en entrevista publicada en el Mercurio, el senador Jorge Pizarro, consultado en relación a los efectos que podrían derivarse de los casos Caval, que involucra la participación directa de un hijo de la presidenta y SQM, que afecta a un hijo del senador León y parlamentarios de su partido, declaro: “Estas situaciones de fraudes, escándalos de grupos empresariales que han tocado la arista política, empañan el éxito del gobierno”. En su campaña para dirigir el partido y electo recientemente como presidente de la Democracia Cristiana, en relación al tema aseguró que había que actuar sobre denuncias serias y no rumores.
Existiendo ya una denuncia formal emanada del SII., y no rumores, que la empresa Ventus Consulting, creada en enero de 2010, por sus hijos Sebastián, Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, de los cuales el segundo desde marzo de 2014 se desempeña como vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras de la Subsecretaría de Economía y es también yerno del ministro de Energía Máximo Pacheco, entregaron 11 facturas a SQM por un total de $ 45 millones y atendiendo que la presidenta critica en el diario Financiero (03.04), a los que usan los cargos democráticos para obtener beneficios personales, cabe preguntarse:
1.- ¿Exigirán las autoridades mencionadas –la presidenta y los dos senadores-, con rigurosidad que sus hijos debidamente individualizados declaren estrictamente la verdad ante el Ministerio Público para transparentar lo ocurrido?; ya que permitirles actuar en contrario o justificar con malas artes conductas ilícitas que pudieren existir, daría seguridad a la herencia de genes y efectividad al refrán popular que señala que los hijos de tigres, sin poder elegir tienen que salir “rayados”;
2.- Siendo a la fecha solo dos grupos empresariales y la sociedad Caval investigados, existiendo muchos grupos similares y la banca que pudieren haber incurrido en las mismas conductas, frente a la noticia que “3 ministros y 50 parlamentarios tienen nexos con SQM” (La Nación 02.04), arista denunciada al Ministerio Púbico por el SII, ¿el gobierno tal como lo expresó en la nota su vocero Alvaro Elizalde, cumplirá su palabra y otorgará todas las facilidades para que la institucionalidad funcione y los responsables sean sancionados?;
3.- La presidenta Bachelet, previo a pedir no “linchar” y destruir la honra de nadie antes de tiempo por la arista SQM, noticia destacada en medios locales como El Mostrador e internacionales como el diario La Jornada de México (04.04), que conocedor de sus efectos lucha contra la corrupción, ¿Instruyó previamente a las autoridades que de ella dependen para qué cumplan con su petición y no entraben el funcionamiento del estado de derecho?; y
4.- Habiéndose conformado una “Comisión especial para regular lo relativo al dinero y la política”, y detectado actuaciones irregularidades de empleados públicos, autoridades y un alto número de parlamentarios, teniendo que ser estos últimos los que finalmente discutan las medidas propuestas que debe entregar en breve plazo la citada Comisión para convertirlas en ley; para impedir que esta regulación fracase, como ocurre con las normas aplicadas para frenar la corrupción imperante en el gobierno de Lagos, en que se creó el sistema de “Alta Dirección Pública”, que en mayor medida sirve para “apitutar” a parientes o protegidos de la clase política gobernante sin considerar sus méritos…,¿Qué medidas se tomarán para garantizar su efectividad?.
Dra. Susana Verdugo Baraona.-
