Este miércoles se realizó la Participación Ciudadana por la ampliación de la faena de Diomedes Cruz en el sector, una instancia en la que los vecinos se encontraron con los representantes de la mina y el Servicio de Evaluación Ambiental. La reunión terminó de manera abrupta, ante el descontento de la comunidad por las respuestas recibidas.
El conflicto ambiental de la minera San Cayetano, en el sector de Las Mollacas y La Chimba, sumó un nuevo episodio el pasado miércoles, cuando se realizó el encuentro presencial entre los representantes de la empresa con las vecinas y vecinos de las comunidades aledañas y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Esta reunión es el inicio del proceso de Participación Ciudadana que forma parte del análisis del proyecto, ante la solicitud de ampliación.
En la instancia, realizada en la sede de la APR del sector Llanos de La Chimba, una comitiva de la minera del titular Diomedes Cruz se presentó para detallar los alcances del proyecto y responder a las inquietudes de la ciudadanía. La reunión estuvo marcada por la tensión que genera el proyecto en la comunidad, que llegó en masa a presentar sus descargos ante las externalidades negativas que podría generar la faena. Alrededor de 150 personas asistieron a la actividad y recibieron a su contraparte con globos negros, pancartas y gritos de protesta.
Después de 2 horas de discusión, la instancia terminó de manera abrupta ante el hastío de los asistentes ante lo que consideraron como insuficientes respuestas por parte de la minera. “No tengo todos los antecedentes; tenía que venir más preparado. Les pido las disculpas del caso», alcanzó a decir el gerente de prevención del proyecto antes de que los vecinos se retiraran del lugar.
“Estamos muy decepcionados de todas las respuestas de la minera y del SEA. Creo que no fueron respuestas contundentes. No estaban preparados y, en ese sentido, estamos desilusionados. Como comunidad, nos hemos tenido que organizar a pulso, venimos mucho tiempo solicitando esto, entonces qué rico ver a mucha gente organizada y preocupada por el medioambiente, pero por otro lado que lata ver a nuestras autoridades haciendo vista gorda a lo que está pasando acá”, señaló Ignacia Cienfuegos, vecina del sector.
El proceso de Participación Ciudadana continuará ahora de manera digital, con la posibilidad de que la comunidad ingrese sus descargos al sistema de evaluación, antes de la aprobación o desestimación final por parte del SEA. La ampliación del proyecto considera un alza en el tonelaje de 5 mil a 60 mil toneladas mensuales, además de un relave de 330 mil toneladas.
A esto se suma la denuncia de la comunidad de sobreuso del agua, contaminación acústica por las tronaduras de prospecciones mineras y afectación a la flora y fauna local.
Cuestionamiento al SEA
De parte del organismo estatal, también realizaron un balance de la actividad. “Me da la impresión que la comunidad pudo expresarse, pudo explicarle al titular del proyecto cuál es la problemática que ellos tienen. Pudieron hablar todos y el titular intentó explicar en qué consiste el proyecto. Lógicamente, el proyecto genera preocupación porque la comunidad siente que se ve afectada”, sostuvo Claudia Martínez, directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental.
Sin embargo, el SEA también recibió cuestionamientos por parte de los vecinos, en particular por la negativa que dio originalmente al proceso de Participación Ciudadana, decisión que luego fue revocada por la Corte Suprema. “En el proceso anterior no se realizó participación ciudadana porque no está tipificado dentro del reglamento que los proyectos mineros tengan per sé una participación ciudadana. Pero estamos en esta instancia posterior a la resolución de la Corte Suprema, que indicó que se tenía que hacer”, explicó Martínez.
El proyecto, que ahora debe responder a las inquietudes ingresadas por la comunidad, ya había recibido la aprobación por parte del organismo público para su funcionamiento, puesta en marcha que debió suspenderse ante la decisión de la Corte Suprema.
