Ahora el Ministerio Público está a la espera de la programación de una audiencia de preparación de juicio oral contra la imputada o una de procedimiento abreviado.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público F. A. V. R., de 25 años de edad, natural de Antofagasta , careciendo de título profesional para el ejercicio de Médico Cirujano, entre los días 17 y 25 de junio del año pasado, ejerció actos propios de dicha profesión en el Consultorio urbano Marcos Macuada, ubicado en calle Covarrubias de esta ciudad.
Asimismo, agrega la acusación, de junio a octubre del mismo año, habría hecho otro tanto en un Centro Médico ubicado en calle Maestranza .
Según señalaron testigos al Ministerio Publico, a profesionales del Consultorio Marcos Macuada les llamó la atención en primer lugar lo dubitativa que se mostraba la presunta médico en el contacto con sus pacientes. “Siempre pedía una primera opinión y luego ella la ratificaba”. Pero lo que terminó de levantar sospechas fue el diagnostico claramente equivocado que hizo de un paciente, iniciándose una investigación interna al respeto para conocer la competencia de la funcionaria.
Finalmente se efectuó una denuncia en la Fiscalía local la que , luego de una indagación desformalizada, procedió a formalizarla por el presunto delito de Ejercicio ilegal de la profesión, hasta , con los antecedentes necesarios, cerrar la investigación el pasado 12 de agosto en la sala 1 del Juzgado de Garantía de Ovalle.
El fiscal Gianni Stagno, quien está a cargo de la investigación, señaló que ahora están a la espera de la programación de la audiencia de preparación de juicio oral . “Pero si ella reconoce su responsabilidad se podría cerrar esto en el mismo Juzgado de garantía mediante un procedimiento abreviado”, agregó.
El procedimiento abreviado es una alternativa al Juicio Oral en el que el imputado y el fiscal del Ministerio Público, en virtud del cual el primero acepta expresamente los hechos materia de la acusación y los antecedentes de la investigación que la fundan y consiente en someterse a este procedimiento, acuerdo en el que la Fiscalía solicita la imposición de una pena no superior a los cinco años.
Cabe recordar que esta es la segunda causa que se conoce en los tribunales penales de Ovalle en los últimos meses en el que profesionales que se desempeñaban en organismos municipales lo hacían con títulos supuestamente adulterados. En el otro caso se trató de un presunto arquitecto que se desempeñó en la Oficina de la Vivienda del Municipio local.
