La nueva acción judicial por anulación de derechos de agua mediante sub-inscripción, según los querellantes afecta a 109 regantes de Río Hurtado y debió posponerse para el próximo 13 de julio. En tanto, fuentes ligadas a la defensa señalaron que la inasistencia se debe a «un cuadro de estrés, producto de estas mismas acusaciones arbitrarias y abusivas».
Para el 13 de julio próximo fue aplazada la la audiencia de formalización contra el Conservador de Bienes Raíces de Ovalle, Fernando Peñafiel Salas, proceso que según los querellantes, se relaciona con la anulación de derechos de agua mediante sub- inscripción, pertenecientes a 109 regantes, de nueve comunidades de agua de Río Hurtado, en el Limarí. La audiencia no se concretó debido a que Peñafiel presentó una licencia médica en el Juzgado de Garantía de Ovalle.
El asesor legal de los regantes de Río Hurtado, Luis Urquieta, detalló que “el Tribunal acogió la solicitud de la defensa del Conservador en orden a suspender la realización de la audiencia, decretando que se realizará el 13 de julio a las once de la mañana y el fundamento es la existencia de un impedimento de orden médico”.
La principal accionista de Río Hurtado es la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta (ACER), entidad que anteriormente inició acciones contra Peñafiel en relación a la duplicación de más de 600 acciones de agua del Embalse Recoleta. En febrero de este año -y tras una primera audiencia en la que Peñafiel igualmente presentó licencia médica- se formalizó al CBR de Ovalle por los delitos de Infidelidad en la custodia de documentos públicos, desaparición de documentos públicos y presentación de documentos falsos en juicios, en los que él era parte demandada.
En el caso de Río Hurtado “lo que hizo el Conservador fue alterar el contenido de los registros, donde antes habían derechos de aprovechamiento de agua él puso una anotación en el sentido de que ahí sólo habría derechos en las obras –canales y compuertas-, pero no en las aguas. Esto, pese a que las sentencias judiciales en virtud de las que se hicieron estas inscripciones, decían expresamente que se les reconoce el derechos en las aguas y no sólo en las obras comunes”, detalló Urquieta.
La Fiscalía decidió formalizar a Peñafiel, en virtud de acciones penales iniciadas por accionistas de la Junta de Vigilancia de Río Hurtado, quienes se vieron afectados por la actuación del Conservador pues, a juicio de la Fiscalía y los querellantes, se les privó de derechos de aprovechamiento inscritos en virtud de sentencias judiciales.
Duplicación en Recoleta
Durante la audiencia de formalización del pasado mes de febrero, por supuestos delitos en torno a la duplicación de más de 600 acciones de agua del Embalse Recoleta, la defensa del Conservador solicitó el sobreseimiento definitivo, lo que fue denegado por el Juez de garantía y confirmado posteriormente por la Corte de Apelaciones de La Serena.
Sin embargo, la defensa solicitó nuevamente el sobreseimiento, lo que fue acogido en segunda instancia por otro juez de Garantía de Ovalle, y en relación a dos de los tres supuestos delitos. Es por eso que el próximo jueves 2 de julio se realizará una nueva audiencia en la Corte de Apelaciones de La Serena, en la que la defensa de Peñafiel apelará para tener el sobreseimiento de las tres acusaciones y los regantes buscarán revertir lo acogido por el Juzgado de Garantía.
Mientras, los tiempos de investigación de Fiscalía siguen corriendo, considerando que el tiempo determinado para esto fue de 200 días.
Defensa: «No hay delito. Actuar está ajustado a Derecho»
Fuentes ligadas a la defensa del Conservador de Bienes de Ovalle, Fernando Peñafiel manifestaron que mantienen «la convicción de que no existe delito en el actuar del Conservador pues se realizó con estricto apego a la legalidad», lo que se encuentra reafirmado «en el fallo de cinco quejas disciplinarias deducidas en su contra por los mismos hechos planteados por la parte querellante, las cuales fueron rechazadas en su totalidad por el pleno de la Corte de Apelaciones de La Serena».
Añaden además, que existe sentencia judicial ejecutoriada que declara que «los querellantes no son dueños de derechos de aprovechamiento de aguas, sino que solo son dueños de derechos en comunidades» y que existe «jurisprudencia uniforme de nuestros máximos tribunales que lo actuado por el conservador se ajusta a derecho y está dentro de la esfera de sus atribuciones».
Finalmente y respecto de la situación médica del Conservador de Bienes de Ovalle, las fuentes agregan que «se la ha producido un cuadro de estrés, producto de estas mismas acusaciones arbitrarias y abusivas».
