En una reunión en la que asistieron más de 250 pobladores de Potrerillos Alto, los parlamentarios, consejeros regionales, el alcalde y concejales de Ovalle, se comprometieron el apoyo para defender el modo de vida de los habitantes del sector.
Este viernes el presidente de la Junta de Vecinos de Potrerillos Alto, Luis Alfaro, encabezó una reunión en que unos 250 vecinos de este sector, solicitaron a seis de los ocho parlamentarios de la región, al alcalde, concejales y consejeros regionales apoyo para impedir la instalación de las faenas de extracción a escasos 600 metros de la escuela de Nueva Aurora y a 300 metros del punto de captación del Sistema de Agua Potable Rural que entrega agua a las poblaciones aledañas.
En la ocasión, la Unidad de Medio Ambiente del municipio local realizó una exposición ilustrativa con geo-referenciación y documentos que demuestran que los dos proyectos mencionados tienen relación uno con el otro, esto debido a que uno de los socios de una de las empresas es representante legal de la segunda y remarcaron que se ha utilizado un subterfugio legal, fragmentando un proyecto que evidentemente es uno solo.
De acuerdo a lo que plantea la Ley 19.300 de Medio Ambiente, los yacimientos que tienen una producción menor a 5 mil toneladas mensuales no tienen que exponerse a un estudio de impacto ambiental, para ver qué consecuencias traerían sus faenas al sector. El yacimiento La Cabra, de la empresa SLM Sociedad La Cabra Primera de Infiernillos, tendría una producción de 4.500 toneladas y se ubicaría en el sector del Cerro Infiernillos, a 15 kilómetros de Ovalle, por la ruta que une a la Perla del Limarí con Punitaqui, el cual fue aprobado el pasado 23 de febrero. En tanto, el yacimiento el Chaco 1 al 4, que estará a cargo de la Compañía Minera HJC Ltda extraerá 4.900 toneladas de mineral al mes y también estará en el sector del cerro Infiernillos.
El presidente de la junta de vecinos de Potrerillos Alto, Luis Alfaro sostuvo que además de la intervención de la minera en lo referente al medio ambiente, “nos preocupan nuestros pozos de agua, porque por lo general estas empresas extraen mucha agua y claramente sus trabajos nos van a afectar a nuestro sistema de agua potable. Y el otro tema es la agricultura, porque si empieza a funcionar la minera en este lugar, es la muerte segura de la agricultura”.
El alcalde Claudio Rentería indicó que “nosotros pondremos todo de nuestra parte como municipio, porque debemos velar por la calidad de vida de los vecinos. No es posible que este tipo de empresas no se sometan a un estudio de impacto ambiental, porque acá, claramente, harán mucho daño, a las familias y esa es la principal preocupación, a lo que se suma el tema del agua, tal como ellos lo han indicado. Por eso le pedimos ayuda a los parlamentarios que nos representan, para que se haga una modificación en la ley”.
Parlamentarios
Las autoridades, que se comprometieron a prestar asesoría legal a las familias, aseguran que no se trataría de dos empresas distintas sino una que se dividió en dos partes, para evitar ser sometido a un estudio de impacto ambiental.
En la ocasión, estuvieron presentes los diputados Miguel Alvarado, Sergio Gahona, Matías Walker, Daniel Núñez y Luis Lemus; la senadora Adriana Muñoz; la consejera regional Lidia Zapata; el representante de la Seremía de Medio Ambiente, Sergio Troncoso; el alcalde Claudio Renteria y los concejales Patricio Reyes y Héctor Maluenda Cañete y el asesor medioambiental Christopher Flores.
El diputado Daniel Núñez manifestó que «esta empresa está burlando la ley porque en realidad esto es un solo proyecto minero» y remarcó que solicitará «directamente al superintendente para que fiscalice y se realicen los estudios que la empresa está eludiendo, que permita que haya un proceso de evaluación ambiental y que le de la oportunidad a la gente de manifestarse «.
Por su parte, su colega Matías Walker puntualizó que «vamos a ocupar todas las herramientas que nos concede la Ley y ya conseguimos que el Seremi de Medio Ambiente, Eduardo Fuentealba, oficiara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para que esto se enmarque en un estudio de impacto ambiental con participación ciudadana y no en una mera declaración como quiere el titular de la empresa».
La senadora Adriana Muñoz señaló que buscarán modificar la Ley para hacer vinculante la participación de las comunidades en los estudios de impacto ambiental. «Hoy lo que tenemos que hacer es una modificación profunda en la ley de medioambiente para que la opinión de la ciudadanía sea vinculante, porque si no es tiempo muerto. Acá tenemos una empresa que está usando un subterfugio para hacer creer que son dos proyectos cuando en realidad, son uno solo. La comunidad debe presentar un recurso de protección porque no hay leyes que los favorezcan y nosotros, por ciento, tomar medidas para que se realicen los estudios de impacto ambiental y estar movilizados permanentemente».
El diputado ovallino Miguel Alvarado señaló que «del tiempo que llevo recorriendo la zona, es un desastre la contaminación de las mineras», añadió que «esto tiene que cambiar y no podemos estar tan livianamente en pro del desarrollo económico y el crecimiento del país, lo cual también es falso. Hoy el aporte de la minería es menor y acá tenemos viñas orgánicas. ¿Qué vamos a exportar si todo contiene metales pesados? Creo que es el momento de cambiar esto y que la comunidad se levante» .
Respecto de las denuncias por destrucción de cercos, plantaciones y ocupación de propiedades ajenas y los juicios por servidumbre que no han sido fallados, el legislador añadió que «es un Chile antiguo, donde las empresas mineras hacían lo que querían» y añadió que «debemos defender la biodiversidad y el lugar donde vivimos».
En tanto, el diputado Luis Lemus manifestó que «este es un proyecto de mediana minería y muy tramposo por lo demás, porque se presenta compartimentado, pero es un solo proyecto. Acá hay algo tramposo que está vulnerando la Ley» y remarcó que «el desarrollo agrícola aquí es tremendo. Acá lo que tenemos que potenciar es la agricultura y cuidar el agua. Esto está en el corazón del Valle y es algo inapropiado, es un intruso que no corresponde que esté acá y vamos apoyar a nuestra gente»
Finalmente, el diputado Sergio Gahona, quien comprometió el apoyo legal para los vecinos de Potrerillos señaló que «acá hay toda una comunidad que siente que sus derechos son vulnerados. Aparentemente, tenemos una empresa que está utilizando subterfugios legales para poder instalar faenas mineras y provocar problemas que la comunidad se ha visto afectada. Acá lo que hay que hacer es apoyar legalmente a las familias de Potrerillos Altos y Nueva Aurora. Sistematicemos el problema y veamos cómo podemos llevar adelante una defensa de los pobladores para que esos derechos no sean vulnerados».
Por Angelo Lancellotti González
Periodista
