La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción La Serena analizó, durante cuatro jornadas, un total de 380 solicitudes, presentadas por el tribunal de conducta de Gendarmería de la región de Coquimbo, correspondiente a internos de los centros penitenciarios de La Serena, Illapel y Ovalle.
El presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Felipe Pulgar Bravo, en su calidad de presidente de la comisión, informó que en esta oportunidad fueron concedidas 10 solicitudes, es decir, un 2,6%, mientras que se rechazaron 370 peticiones (97.3%).
De las 10 solicitudes acogidas, corresponden todas al centro penitenciario de La Serena, donde 7 son hombres y 3 son mujeres.
El ministro destacó que se analizaron exhaustivamente todas las carpetas, verificando que cumplieran con las exigencias que señala la ley. “Estas personas, en el fondo, obtuvieron el beneficio de la libertad condicional, que de acuerdo al Decreto Ley permite concederles el beneficio en la medida en que existan determinados requisitos, lo que no significa que se extinga la responsabilidad o que quede sin efecto la condena, sino, por el contrario, que esta condena se va a cumplir en medio libre, siempre con la asesoría y vigilancia del programa de Gendarmería de Chile, lo que ya fue informado a los respectivos recintos”, indicó Pulgar.
En este mismo sentido agregó que: “Lo que nosotros hicimos como comisión es ser bastante exhaustivos en la revisión de los antecedentes, porque obviamente conocemos la crisis de seguridad que existe en el país, de manera tal que tuvimos una reunión previa al inicio de las sesiones con el fin de marcar ciertos criterios que íbamos a aplicar al momento de poder conocer las 380 solicitudes. Nos fijamos en la naturaleza del delito, en la existencia de antecedentes anteriores que pudiese permitirnos presumir o no, la posibilidad que vaya a cometer o no un nuevo ilícito y sobre todo el informe de Gendarmería”, explicó el ministro.
En este sentido el presidente del tribunal de alzada señala que dicho informe es clave porque la ley plantea que solo con un informe favorable se puede otorgar el beneficio.
“En este informe revisamos si la persona reconoce el delito, el mal del daño causado, un rechazo explícito a la comisión de nuevos ilícitos y finalmente, si cuenta con una red laboral y familiar que permita que el recluso y la reclusa puedan contar con un apoyo que les permita en el fondo disuadir de la comisión de nuevos ilícitos penales”, enfatizó el ministro.
La comisión -que cumple funciones como órgano autónomo administrativo y se reúne en abril y octubre de cada año- estuvo presidida por el ministro Felipe Pulgar e integrada por las juezas orales Carol Sepúlveda, Ana Marcela Alfaro y Ana Karina Hernández; el juez Alain Maldonado de Garantía y la secretaria del tribunal de alzada que actúa como ministra de fe.
Para postular los internos debe cumplir con una serie de exigencias, que se encuentran establecidos en el Decreto Ley N° 321 del año 1925 y entre los requisitos se encuentran: haber cumplido la mitad de la que se le impuso por sentencia definitiva, tener conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay talleres donde cumple la condena o mantener una actividad laboral y/o haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento.
Los condenados que optan al derecho quedan bajo la supervisión de personal especializado de Gendarmería, con la obligación de firmar en el Centro de Apoyo para la Integración Social, CRS, o la unidad más cercana al lugar de residencia.
De acuerdo a lo establecido por ley, la comisión debe sesionar dos veces en el año, es así como en abril de 2022 fueron recibidas 393 solicitudes, de las que se otorgaron 41 (10,4 por ciento), y en octubre se recepcionaron 367, aprobando 59 (16,1 por ciento).
