Las investigaciones de los casos Penta y Caval, originadas por denuncias de tipo contractual efectuadas por particulares, desnudó la gravísima conducta de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, etc., que impera en gran parte de las autoridades, cuando el ejercicio de la actividad política se entremezcla con el dinero. La primera señal del encubrimiento de este cáncer institucional ocurrió cuando frente a los indicios de la existencia de ilícitos, el gobierno pidió dejar actuar a las instituciones, discurso que fue cambiando, culpando a la deficiente regulación del financiamiento de campañas políticas, luego justificando acciones ilícitas como correctas y finalmente presionando a los fiscalizadores para que actuaran sesgadamente.
Lo grave, es que fueron hechos fortuitos los que permitieron conocer la corrupción imperante, en la cual se ha visto involucrado hasta el hijo y la nuera de la presidenta, y que los entes fiscalizadores de la recaudación y empleo de los recursos estatales sólo actuaran “obligados por los delitos detectados por el ente persecutor», debiendo la presidenta efectuar un cambio de gabinete, ya que incluso parlamentarios y miembros de gobierno resultaban salpicados, echando por tierra el discurso de quienes se decían protectores del débil y enemigos del capitalismo, al comprobarse que eran los grandes empresarios, incluso el más odiado por ellos, uno de los que les financiaba.
Siendo reconocido el mal accionar por moros y cristianos, y teniendo certeza de que varias empresas de propiedad de privados participaban de esta conducta, observando el alto monto de dinero comprometido, asiste la duda en relación a cuánto será el monto real de lo defraudado al Estado y cuál es el daño colateral originado por ello, ya que existiendo el delito de cohecho, sería conveniente conocer los motivo por el cual se incurrió en él y que empresas estatales también desviaban fondos para estos fines, en detrimento de necesidades urgentes.
Ya a nadie sorprende, que día a día se continúe identificando a autoridades y personajes involucrados; pero si sorprende que quienes son designados en cargos de gobierno, aparezcan citados por haber sido participes en actos pocos transparentes, lo que siembra dudas acerca de su probidad, más aún cuando ahora, es noticia que Codelco, la empresa estatal más grande de Chile –que ha visto este último tiempo reducida sus utilidades-, ha dado repuesta a un oficio de la Cámara de Diputados, señalando que desde 1997 y hasta la fecha ha pagado casi US$ 1 millón a dirigentes y empresas al oficialismo.
Dentro del listado aportado, junto a figuras de la Nueva Mayoría el ex diputado y ministro de la Segpres, Jorge Inzunza (PPD), quien realizó asesorías través de la empresa Sistema Consultores, fundada por él y que desde 1997, al 2014 registra contratos por más de $ 300 mil dólares. También está registrado su socio Mauricio Bugueño, que dejó de prestarles servicios al asumir como jefe del gabinete del vocero de gobierno Marcelo Díaz.
Ahora bien, uno de los efectos que produjo el escándalo Mop. Gate, en el gobierno de Ricardo Lagos, fue la creación de la “Alta Dirección Pública”, organismo encargado de fiscalizar la contratación de profesionales que ingresan al servicio público, basado en sus méritos, a objeto de asegurar una actuación justa y dentro de un ámbito de objetividad. Pero; se podrá confiar en la probidad de Rodrigo Egaña, Jefe de esta instancia, cuando es cuestionado por gestionar auditorías para SQM, las que efectuó su hijo y en su defensa expone que “no tiene vinculación alguna ni contacto con dicha empresa” y en los parlamentarios que serán en definitiva los que deberán dictar las leyes para terminar con este flagelo e impedir que casos parecidos se repitan.
Dra. Susana Verdugo Baraona.
