Cuando con ocasión del caso Penta, el Ministerio Público detectó que existían varias empresas que transversalmente efectuaban aportes en periodos indebidos y de forma fraudulenta a parlamentarios y partidos políticos para financiar sus campañas, el escándalo fue de tal magnitud, que mantiene incluso en el ojo del huracán a la presidenta y formalizados, a ex autoridades y parlamentarios en ejercicio, obligando a la mandataria a disponer en tiempo record, la creación de una “Comisión Especial”, para que regulara la relación entre el dinero y la política, a objeto de frenar la pérdida de confianza en dicha actividad por parte de la población.
Fue así, que dicho grupo denominado “Comisión Engel”, con fecha 24.04.2015, entregó un informe que el gobierno convirtió en proyecto para perfeccionar la democracia, en el cual “Se elimina la posibilidad de que personas jurídicas, con o sin fines de lucro realicen aportes a campañas o partidos políticos y establece un nuevo sistema de financiamiento estatal a las colectividades”, pero nueve de los trece diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara, aprobaron una indicación para permitir los aportes de empresas exclusivamente a los partidos políticos por un monto máximo anual de UF 500 (aproximadamente $ 12.500.000.-)..
Esta situación que refleja falta de coherencia ente lo que se pregona y lo que se practica, incrementa la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus representantes, toda vez que el proyecto fue creado precisamente para separar los negocios de la política y evitar todo tipo de suspicacias que se presentan al dictarse las leyes que involucran intereses empresariales, y es obvio que si se termina con el aportes de empresas a candidatos, las mismas razones deben llevar a terminar con el aporte a los partidos, ya que son estos los que los designan.
Esta iniciativa, presentada por los parlamentarios PS y DC, de la Comisión de Constitución, ha generado incluso divergencias entre los socios de conglomerado gubernamental, tanto así, que incluso el diputado Ricardo Rincón, al aprobarse la indicación y hacer público el hecho la organización “Ciudadano Inteligente”, señaló que había sido informado que el citado proyecto no tiene ningún tipo de financiamiento de personas jurídicas “ni a campañas ni a partidos políticos” y recién en la tarde del día anterior le confirmaron que la indicación era efectiva.
Situaciones como la anterior, reflejan falta de liderazgo y de comunicación fluida y oportuna entre los poderes ejecutivo y legislativo, lo que ha incidido en la baja sostenida en la aprobación a la gestión de la presidenta, lo que ha llevado a Gutemberg Martínez (DC), a presentar un documento en el consejo nacional de su partido, alertando sobre el impacto de desafección ciudadano que a su juicio provoca deterioro en su colectividad debido al apoyo que demuestran a Bachelet. (La Tercera 01.07.2015).
Si a lo anterior se suma el hecho de un prolongado paro de profesores, en que el presidente del gremio se niega restablecer el diálogo para terminar con el movimiento, señalando que no aceptaran dialogar hasta que se les asegure que no se le someterá a condiciones de tipo alguno, pero eso sí, las decisiones de él deben respetarse a todo evento, como lo es su exigencia de retirar los proyectos educacionales que se tramitan, queda la sensación que a los aliados de la presidenta solo les interesa imponer sus ideas, a través de la tiranía popular o de la mayoría circunstancial que ahora poseen, privilegiando sus ideales partidarios, aunque con ello se sepulte el bien común.
Queda claro que ¡predicar con el ejemplo…no es una virtud practicada por muchos de los honorables congresales y actores del oficialismo!.
Dra. Susana Verdugo Baraona
