La parlamentaria exige que la «municipalidad salde la deuda urgente», el jefe comunal atribuye el problema a que «la administración anterior no revisó correctamente el contrato y las boletas de garantía«. Mientras, un embargo judicial impide pagar.
La terminación del contrato entre la Municipalidad de Ovalle y la empresa Ecoclean Limarí Spa, afectó a más de 40 trabajadoras, quienes no recibieron sus sueldos de marzo ni sus finiquitos. La diputada Nathalie Castillo intervino para exigir una solución inmediata, responsabilizando al municipio, mientras que el alcalde Héctor Vega Campusano devolvió la acusación hacia el concejo municipal anterior, en un episodio que mezcla una deuda laboral, un embargo de la Tesorería y un intenso cruce político.
La diputada Nathalie Castillo se reunió con el grupo de ex trabajadoras de Ecoclean, en su mayoría jefas de hogar, y anunció que ofició «tanto al subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón Cancino, como a la Seremi del ramo para que se transparenten las condiciones de su desvinculación y se agilice una solución». La parlamentaria fue enfática al señalar que «es el municipio de Ovalle quien debe responder y entregar los recursos para saldar una deuda» que calificó como «un derecho y una necesidad urgente«. Junto a los concejales de su sector, Fanny Vega y Ricardo Rojas, la parlamentaria se comprometió a seguir coordinando acciones hasta que se haga justicia, advirtiendo además que es necesario reforzar los mecanismos de fiscalización para proteger a los trabajadores subcontratados.
Frente a estas declaraciones, el municipio de Ovalle explicó que en abril retuvo el pago a Ecoclean debido a incumplimientos previsionales de la empresa, lo que en un principio los facultaba a pagar directamente a las trabajadoras. Sin embargo, esa opción se truncó cuando la Tesorería Provincial de Ovalle notificó un embargo sobre los fondos del contrato, debido a una deuda tributaria de la empresa que supera los 102 millones de pesos.
La institución municipal recalcó que existe plena voluntad de llegar a un acuerdo, pero que el embargo a favor de la Tesorería General de la República les impide efectuar el pago de forma directa, por lo que se debe esperar a que los tribunales dicten sentencia en las causas que las propias trabajadoras iniciaron.
El alcalde Héctor Vega Campusano respondió con dureza a la diputada Castillo, calificando como «lamentable que algunas autoridades regionales generen polémicas en torno al problema». Vega aseguró que «la situación ya fue conversada y aclarada con las trabajadoras y que el origen del conflicto se remonta a la administración anterior y del concejo municipal», la cual según dijo, «no revisó correctamente el contrato y las boletas de garantía«, los que tenían montos insuficientes.
El jefe comunal expresó su «sorpresa por que se levanten problemáticas donde, a su juicio, no las hay, especialmente en época de campañas políticas«, y recordó que «en ese concejo anterior había dos integrantes del mismo sector político de la diputada».
Desde la municipalidad agregaron que los procedimientos se corrigieron en la nueva licitación, para evitar que hechos así se repitan.
