La iniciativa contempla medidas de urgencia para salvar a las micro, pequeña y medianas empresas que se han visto perjudicadas por el contexto económico mundial, agudizado por la pandemia del Covid-19.
El diputado del PS Daniel Manouchehri presentó un proyecto de ley que establece medidas de emergencia para el salvamento económico de las micro, pequeña y medianas empresas. Denominado como “Salvavidas Pymes”, contempla la suspensión de los cobros ejecutivos, procedimientos ejecutivos administrativos y juicios ejecutivos por 12 meses.
El autor de la iniciativa, el diputado Daniel Manouchehri, enfatizó la celeridad en la que busca tramitarla en la Cámara Baja. “Es urgente ir en ayuda de las Pymes. No podemos permitir que sigan muriendo. Se requieren medidas inmediatas. Por eso, hemos presentado un proyecto de ley para suspender la ejecución judicial por 12
meses, mientras trabajamos en una ley que les permita reprogramar sus deudas”, indicó el representante de la Región de Coquimbo.
El legislador, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, apuntó a la necesidad de poner a las MiPymes como prioridad en la contingencia. “Queremos que se genere un debate nacional y se ponga como tema central de la discusión el apoyo a las Pymes. Necesitamos un gran acuerdo nacional para salvar a miles de pequeñas empresas y empresas familiares”, señaló Manouchehri.
El proyecto fue adherido de manera transversal, siendo coautores las diputadas Ana María Bravo (PS), Javiera Morales (Ind-CS), y los diputados Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL), Miguel Ángel Calisto (DC), Joaquín Lavín León (UDI), Miguel Mellado (RN), Daniel Melo y Leonardo Soto del PS.
La diputada socialista Ana Maria Bravo agregó que “las obligaciones que son objeto y se benefician con este proyecto de ley son de carácter civil. Los derechos de los trabajadores y las deudas previsionales no se tocan”. A su vez, se refirió a la sesión especial de la Comisión realizada el pasado lunes 11. “Uno de los temas que las Pymes nos plantearon fue precisamente el tema de las deudas y solicitaron que se suspendieran los procedimientos ejecutivos, así que pensamos que vamos en la línea correcta del apoyo real y concreto a las Pymes”, expresó Bravo.
En tanto, la diputada Javiera Morales enfatizó en la importancia de las Pymes como los principales empleadores del país. “Hoy las pymes emplean a más del 50% de los trabajadores y trabajadoras de Chile, no obstante, solo tienen el 13% del mercado. Sabemos que llevan 2 años de pandemia pasándolo muy mal, con muchas complicaciones financieras y creemos que es desde este espacio donde tenemos que generar políticas públicas para apoyarlas, para que puedan salir adelante y para que sigan contribuyendo al progreso de nuestro país”, señaló la parlamentaria.
El diputado DC Miguel Ángel Calisto destacó que “nuevamente de manera transversal estamos presentando un proyecto de ley para ir en rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas, de la iniciativa empresarial, de las
empresas familiares. De una gran cantidad de chilenos que son emprendedores y han sido profundamente afectados por la crisis desatada por el Covid-19 que todavía genera consecuencias en nuestro país”.
En qué consiste el “salvavidas”
El diputado Manouchehri explicó que la denominación del proyecto como “Salvavidas Pymes” responde a “mientras le tiramos este salvavidas a las pymes, esperamos que el Gobierno pueda rescatar a las pymes con un proyecto que les
permita reprogramar sus deudas para poder salir de esta grave crisis”.
La iniciativa “Salvavidas Pymes” se enmarca en las dificultades económicas que han debido enfrentar las diversas micro, pequeña y medianas empresas del país, a raíz de la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias a nivel mundial. Efectos colaterales como el cierre momentáneo de los negocios y locales comerciales, la reducción de ventas y transacciones y el aumento del costo de la vida.
El proyecto pretende dotar de un mecanismo que permita temporalmente detener el cobro ejecutivo de las deudas contraídas con Tesorería General de la República (TGR) por parte de las MiPymes, por un plazo de 12 meses desde la promulgación de la ley.
A su vez, suspender por 12 meses los juicios ejecutivos por las deudas contraídas con Tesorería e instituciones financieras y bancarias, para dar tiempo para tramitar nuevas medidas para que las Pymes puedan optar a instrumentos jurídicos; planes gubernamentales; políticas públicas; implementación de medidas y/u otros beneficios, tales como la reprogramación de las deudas por los conceptos señalados; períodos de gracia para iniciar los pagos; eliminación de Multas y/o intereses; créditos blandos por parte del Banco Estado y otras instituciones estatales, entre otras que esperan sean presentadas.
