Estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, se mantienen en paro desde el pasado 26 de mayo, denunciando una grave crisis académica que afecta directamente sus posibilidades de titularse, junto con condiciones estructurales que califican como indignas para el estudio.
Uno de los principales focos de preocupación es el proceso de titulación. De acuerdo con cifras públicas del portal mifuturo.cl, la carrera de Derecho en la UCN presenta una de las tasas de titulación más bajas del país, alcanzando solo un 4%: esto corresponde a la proporción de titulados respecto del total de estudiantes matriculados. En contraste, la Pontificia Universidad Católica de Chile registra un 16%.
Además, la duración real de la carrera superó los 10 años en 2024, convirtiéndose oficialmente en la carrera universitaria más extensa de Chile, según el mismo portal oficial.
A este panorama se suma la situación del examen de grado, una evaluación de alta exigencia que representa un filtro adicional para la obtención del título profesional. En la práctica, muchos egresados no rinden el examen o lo postergan indefinidamente debido a su dificultad. La tasa de aprobación ronda el 43%, con un máximo de tres oportunidades para aprobar, lo que deja a numerosos estudiantes en una situación de estancamiento.
A pesar de este complejo escenario, los estudiantes acusan que la Escuela ha intentado desconocer la paralización en múltiples ocasiones, recalendarizando exámenes y presionando para que sean rendidos, incluso cuando el paro ha sido ratificado democráticamente más de cinco veces con mayorías amplias (superiores a 100 votos en cada instancia). “Nos presionan con sanciones y con apoyo de otras autoridades universitarias, pasando por encima de una decisión tomada de forma legítima por la comunidad estudiantil”, señalan.
El 3 de julio, las autoridades enviaron un comunicado afirmando que las demandas serían respondidas “con hechos y acciones”, sin reconocer el estado de movilización. Sin embargo, según los estudiantes, la única acción concreta fue la instalación de cuatro mesas sin terminar (en bruto, sin lijar ni barnizar), lo que fue interpretado como una burla frente a un petitorio que apunta a necesidades profundas en lo académico y estructural.
En paralelo, las condiciones de infraestructura agravan aún más el malestar. Actualmente, más de 700 estudiantes deben compartir solo diez baños, muchos de ellos en malas condiciones, y no existen espacios adecuados para protegerse del frío y la lluvia durante el invierno. A esto se suma la falta de transparencia sobre los fondos disponibles y la constante delegación de responsabilidades por parte de la Escuela.
“Pagamos por estudiar, pero no tenemos condiciones mínimas ni una ruta clara hacia el título. Solo pedimos lo básico: que se nos permita estudiar y egresar con dignidad”, concluyen desde el movimiento.
