Dos semanas atrás, al conocer la noticia que un Subteniente de Carabineros, de 24 años de edad, que cumplía con la misión de defender fielmente la seguridad interna nacional y el orden público, al fiscalizar a un desconocido que se trasladaba en una moto, que resultó ser un delincuente poseedor de un extenso prontuario en que se destaca una condena de “robo con homicidio y mantenía una orden de aprehensión pendiente por robo con violencia, fue atacado por este arteramente, resultando con una grave lesión al alojarse un proyectil en su cabeza.
Como desde hace tiempo, el matar o lesionar de forma grave a un policía, ha mostrado un incremento, pese a que con ello se lesiona la “democracia”, aun a disgusto de las autoridades y defensores de los derechos ciudadanos, que le dan el carácter de confuso a estas situaciones, debo señalar que no se mide con la misma vara a los “jóvenes idealistas” que con ocasión de la celebración del día del joven combatiente son grabados y mostrados en televisión disparándole a la policía, tratando en forma superficial la noticia, lo que no ocurre si los funcionarios policiales en uso de sus derechos replican de la misma forma, coartándoles la aplicación de la norma de la legítima defensa, demostrando claramente la importancia que se les asigna a estos hechos delictuales, cuando los involucrados son actores de izquierda o pertenecen a sus organizaciones.
El escaso repudio, la reacción tibia por exigir el esclarecimiento y el poco interés demostrado por “honorables” congresales, cuyos sueldos exceden varias veces el que recibe este sacrificado servidor público que arriesga su vida, para asegurarnos seguridad, ha impedido la modificación de una pésima reforma procesal penal, que garantiza prioritariamente los derechos de los delincuentes e infractores, proporcionándole incluso asistencia judicial gratuita y de calidad, de la cual no gozan las víctimas que observan con desesperanza, que el 93% de los delitos que les afectan y denuncian terminan siendo archivados sin encontrar responsables, lo que se comprueba al ser mostrados los hechores en las emisiones televisivas abandonando sonrientes y desafiantes los tribunales, o sometidos a medidas extremas como “firma mensual” –que no cumplen- , trabajos comunitarios o reclusión nocturna, lo que les permite seguir delinquiendo en el día.
Sin embargo, al resultar muerto un trabajador contratista de Codelco, en la región de Atacama, en circunstancias que participaba del bloqueo a la vía de acceso a las faenas, utilizando para ello móviles y maquinaria minera de alto tonelaje, que incluso fueron dirigidas hacia el personal policial que intentaban restaurar el orden en un claro acto agresivo que motivó el uso del armamento que se les entrega para defender su integridad, efectuando disparos para detener la máquina, uno de los cuales lamentablemente por efecto rebote impactó al trabajador ocasionándole la muerte, un grupo de parlamentarios y dirigentes sindicales señalaron ”¡Ningún trabajador debe morir por exigir sus derechos”, lo que provocó que los incidentes se replicaran en el mineral de Chuquicamata donde subversores del orden público incendiaron vehículos para impedir el acceso a las faenas.
Algo que nos debe llevar a meditar, es el hecho que bajo el pretexto de “exigir derechos inalienables”, se recurra a la violencia, utilizando medios como incendios de predios y cosechas, maquinarias, vehículos, residencias, etc., algo común en la región de Bío-Bío, donde frente a los fallecimientos de personas calcinadas como el anciano matrimonio Luchsinger Mackay, siete brigadistas de Conaf, muertes de carabineros, comuneros, etc., se asegure que ello es efecto de “actos reivindicatorios de derechos”, y llamarnos la atención en relación a la calidad de parlamentarios que elegimos para que nos representen, quienes por años han hecho vista gorda sobre este tema.
Dra. Susana Verdugo Baraona
