El 15.12.2014, se inició la primera sesión de la comisión conjunta de la Cámara que investiga la arista política del Caso Penta y el financiamiento de campañas políticas. El director del Servicios de Impuestos Internos, Michel Jorratt., luego de referirse al denominado caso fraude al FUT –guardando reserva por ser materia de investigación- dijo “no podemos descartar que fraudes de boletas, se haya hecho antes”, esto en el contexto de los cuestionamientos sobre los aportes irregulares recibidos por un grupo de parlamentarios -donde las boletas falsas habría sido una de las fórmulas-, materia por la cual el PC solicitó que se creara una comisión investigadora y agregó; “Cuando la operación no existe, lo que corresponde, y lo que hizo el SII, es denunciar ya que lo que hay es un fraude”, y que quería aclarar esto para que no se siga insistiendo en ese punto, porque sentía que se dañaba la imagen del servicio”, ya que siempre el servicio actuaba así.
Con todo el director del SII remató, diciendo que en el organismo que él encabeza no está “detrás de los políticos y está detrás de las boletas falsas”. Por su parte, Maritza Navarrete, ex funcionaria del SII, que dicho día por extenderse la reunión no logró exponer en la sesión, denunció las irregularidades que se produjeron luego de su indagación por fraude al FUT ante la “Comisión Investigadora del Caso Penta y afirmó, que “su salida se debió única y exclusivamente a la denuncia que realizó en este caso, en contraposición a lo que quería el subdirector jurídico”, por lo que se debió realizar una sesión extraordinaria, ya que la citada profesional no pudo exponer ante los parlamentarios dicho día.
En su detalle, Navarrete señaló que al momento de tomar conocimiento de la participación de funcionarios públicos vinculados directamente en este fraude, se habría dirigido donde el subdirector jurídico y que “ante su inactividad, decidió unos días después denunciar directamente en la oficina del fiscal Carlos Gajardo el delito funcionario”, por ser este delito uno de los más graves según lo que contempla la normativa tributaria, tener una pena de crimen mínimo de 5 años y un día y ser obligación legal “el denunciarlo dentro del plazo de 24 horas a la justicia, lo que en esta oportunidad se excedió con creces.
El persecutor de la Fiscalía, solicitó al SII, antecedentes contables de Soquimich, CorpBanca, Alsacia, Ripley, etc., la revisión de los mismos y querellas si correspondiere, recibiendo solo la documentación del mes de julio del 2009 de Soquimich, y con estos mínimos antecedentes detectó varias facturas presuntamente ideológicamente falsas, que beneficiaban a actores políticos de la Nueva Mayoría, por lo que solicitó que se efectuara la querella por la gravedad que el hecho revestía, respondiendo el director del servicio, cargo de confianza que depende de la presidente Bachelet, no tener antecedentes suficientes para realizar dicha acción. El plazo de prescripción cumple en abril próximo, lo que hace preguntarse ¿Lo dejarán vencer?.
Lo que está ocurriendo es en extremo grave y pone en serio riesgo la “institucionalidad”; al observar que por más medidas que se tomen para sacar del estercolero a la clase política tan denigrada, su efectividad no se verá concretada, si la máxima autoridad del país no termina de una vez y para siempre, con su red de protección, hacia quienes favorecen su conducta y la de sus adeptos o financistas, aun cuando ella trasgreda la ley y se funde en falacias incumplibles y fiscalizadores actúen basados en hechos interesadamente sesgados.
Susana Verdugo Baraona
La autora es médico pediatra y fue Gobernadora Provincial de Limarí
