La parlamentaria regional aseguró que “no estoy dispuesta a tolerar que se siga dañando mi honra” y aseguró que se pretende desviar la atención de la Opinión Pública respecto de «las graves acusaciones de financiamiento ilegal de campañas y cohecho que pesan sobre la UDI».
“Estos cobardes ataques no me atemorizan, por el contrario, renuevan mis energías para trabajar por el desarrollo de la Región y apoyar especialmente a las familias más humildes y marginadas de esta zona”. Así lo señaló la senadora Adriana Muñoz (PPD) a través de un comunicado en el que indicó que ha encomendado a un equipo jurídico el estudio de acciones legales contra quienes han incurrido en apreciaciones injuriosas o calumniosas en su contra.
La parlamentaria aseveró que en la región se ha visto «una majadera, mal intencionada y tendenciosa campaña destinada a dañar mi credibilidad y honorabilidad como servidora pública, abusando del lenguaje, agitando acciones jurídicas y dándole a la situación referida al traslado del reo Luciano Contreras, connotaciones que no tiene y que ya han sido claramente explicadas”.
Dentro de este contexto la congresista reiteró que “una y otra vez he señalado en los medios de comunicación que mi ex -secretario realizó una llamada telefónica desde el celular que le proporcioné para el trabajo en la oficina de Ovalle. Según Gendarmería ella se habría hecho a nombre del Gobernador de Limarí para impedir el traslado de un reo. La gravedad de esta denuncia me hizo separarlo de sus funciones, con el objeto de facilitar la investigación que la Fiscalía realiza por una presunta usurpación de identidad”.
Muñoz recalcó que “he reiterado en una importante emisora de cobertura regional que recibí de la madre del reo Luciano Contreras una carta en que me expresa su inquietud por el eventual traslado de su hijo al penal de Huachalalume, lo que afectaría la posibilidad de visitarle frecuentemente y con ello sus perspectivas de rehabilitación. Dicho requerimiento no tenía otro objeto que lograr que se cumpliera la regla general, establecida en nuestro ordenamiento jurídico, por la cual los condenados cumplen generalmente su pena en el lugar en que ésta se dictó. Como corresponde a mi rol de parlamentaria, redirigí esa nota a las autoridades competentes para que fuera analizada en su mérito”.
Razón por la cual fue categórica en señalar que “no ha habido acciones ocultas. Todo ha sido absolutamente público. Soy enérgica en condenar los delitos, particularmente aquéllos tan graves como el narcotráfico, cuyos responsables deben ser investigados y castigados. Sin embargo, ello no significa dejar de representar las situaciones difíciles que viven muchas familias, entre las cuales se cuentan aquéllas que sufren por las condiciones carcelarias de sus hijos”.
Agregó que “no se ha solicitado para este condenado beneficio de ningún tipo. No ha habido presiones ni gestiones irregulares. Sólo se ha transmitido, por los canales regulares, una solicitud que persigue que se cumpla la regla general respecto del lugar de cumplimiento de las penas, para ser analizada por las instancias competentes”.
Finalmente la legisladora Adriana Muñoz expresó su repudio a las acciones que han pretendido desinformar y desvirtuar el alcance de estos hechos, insistiendo en torno a las irregularidades u omisiones que no existen, esto, a su juicio de “tender con este caso un manto de humo artificial respecto de las graves acusaciones sobre financiamiento ilegal de campañas y cohecho por parte de una ex autoridad pública que pesan sobre la UDI”.
