El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería sostuvo que se han malinterpretado sus dichos, puesto que la idea es realizar acciones a base de la legalidad y, actualmente la conformación de las Farmacias Populares no está regulada.
El pasado 15 de octubre se abrió una discusión que no ha dejado indiferente a nadie. Esto porque el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue decidió implementar la denominada “Farmacia Popular”, lo que implica contar con un local comercial con los mismos medicamentos que ofrecen las más grandes cadenas que funcionan en el país, pero a un menor precio.
Varios municipios se han manifestado favorables a seguir este modelo, que permitiría que muchas personas ahorren dinero a la hora de comprar sus remedios.
En el caso de Ovalle, este tema también ha sido discutido al interior del Concejo Municipal, donde se ha propuesto la idea de analizarlo e interiorizarse para que la capital limarina no quede exenta de esta acción.
Al respecto, el alcalde Claudio Rentería en declaraciones anteriores indicó que “mantener una farmacia no es función de los municipios y no es que lo diga yo, así lo dice la ley. En lo personal, no he dicho que no estoy de acuerdo con las Farmacias Populares, sólo quiero explicar que las municipalidades debemos realizar acciones en el marco de la legalidad y si no tenemos esa facultad no podemos hacerlo. En tanto, si a mí me dicen las farmacias populares se pueden hacer, no les quepa duda que Ovalle también la tendrá, porque quiero lo mejor para mi comunidad, a la cual represento y esto sería muy beneficioso para el presupuesto familiar”.
Cabe destacar, que la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades señala en su Artículo 1°, inciso 2°, que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de su respectiva comuna.
Además, agrega que “el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, sólo si una ley de quorum calificado los autoriza”. Esto significa contar con el 75% de la aprobación de los parlamentarios.
Considerando estos puntos, el alcalde Claudio Rentería envió un oficio al Contralor Regional de Coquimbo, Eduardo Díaz, con el fin de conocer cuál es el pronunciamiento de la Contraloría en este tema. “Siempre he manifestado mi idea de trabajar por la comunidad ovallina, en el marco de la más estricta legalidad, por eso nació la idea de consultarle al ente contralor sobre esta medida, que se está discutiendo a nivel nacional. Pero quiero aclarar que si la Contraloría nos faculta para hacer esta acción, la haremos sin ningún problema” indicó la autoridad comunal.
