Así tituló el Colegio Médico de Chile, una nueva y reciente denuncia, la cual se sumaría a la ya larga lista de hechos que evidencian la gran crisis que sufre este sector, como son el haber alcanzado por ejemplo, una cifra record de deuda hospitalaria, el haber aumentado las listas de esperas; así como también el déficit en infraestructura y tecnología y la preocupante falta de profesionales para el sector, lo cual no ha hecho más que contribuir con los diversos problemas laborales que enfrentan los trabajadores de la salud, etc., llevando con ello a que los hospitales públicos y sus servicios de urgencias, se empobrezcan cada vez más, que se pierdan camas de hospitalización y recursos humanos, siendo esto último el fiel reflejo de la incapacidad existente para absorber las demandas de los usuarios.
Lo anterior es más grave aún, si consideramos que la salud pública atiende a cerca del 80% de la población, mucho de los cuales no tienen ninguna posibilidad de acudir a otro sistema distinto, con una lista de espera de aproximadamente dos millones de personas, con una tasa de médicos de 1.9 por mil habitantes, mientras que en la OCDE la tasa media es de 3.3 médicos por mil habitantes; junto con lo anterior debemos considerar el cansancio de los funcionarios de ser la cara visible de esta crisis, la cual ha sido motivo para que en muchas ocasiones los trabajadores hayan sido víctimas del enojo de los usuarios; llegando inclusive a sufrir agresiones físicas, producto de las falsas expectativas, frustraciones e impotencia que los agobian. Si Chile pese a estas graves limitaciones sanitarias, posee buenos indicadores, es gracias al subsidio de los trabajadores al sistema en beneficio del paciente, más aún, no debemos olvidar los diferentes paros del sector y las diversas amenazas de renuncias, como fue lo sucedido con los médicos de La Serena para conseguir lo prometido por la propia presidenta Bachelet, que era dotar de un Centro de Diagnostico y Tratamiento a esa ciudad.
A lo anterior, habría que agregar las promesas incumplidas de Bachelet, como son la postergación de la construcción hospitalaria en diversas zonas del país; que no hacen más que relegar con este acto a miles de personas que esperaban por una salud digna y oportuna.
La nueva denuncia realizada por el Colegio Médico de Chile, la que fue calificada por este mismo como “un nuevo golpe a la salud pública”; es porque FONASA por segundo año consecutivo, reajustó los aranceles bajo el IPC, lo cual provoca que los recursos destinados a los hospitales disminuyan y frente a la situación actual en donde el presupuesto existente ya era evidentemente muy deficitario, con esta baja en la destinación de los recursos, estos no sirva más que para la contención de los gastos y no para la inversión en capital humano, maquinarias e infraestructura, sino que por el contrario, se generará una mayor deuda hospitalaria, que impedirá que se puedan mejorar las prestaciones y atenciones de los pacientes.
Por otra parte, la Dirección del presupuesto del Ministerio de Hacienda entregará los dineros para cubrir solamente un 39% de lo solicitado por FONASA, ello implica que esta Institución no podrá invertir este año en el rediseño del plan de terapia ocupacional, ni ampliar la cobertura AUGE en exámenes de laboratorios, de genética y biología molecular que contempla la ley Ricarte Soto.
Una de las razones que explican esta grave crisis de nuestra salud pública además de la mala gestión del MINSAL, es porque para la presidenta Bachelet este importante sector, NUNCA ha sido prioridad, tanto en su mandato anterior como en el actual y esto se percibe por ejemplo, en el excesivo atraso para nombrar a la sucesora tras la renuncia de la ex Ministra Helia Molina y ahora sucede lo mismo con la subsecretaria de redes asistenciales de salud (cargo vacante hace meses) lo que se podría considerarse abandono de sus deberes en especial en un Gobierno con grave déficit de gestión.
Dra. Susana Verdugo Baraona.
