La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de protección interpuesto por vecinos de Los Prados de Peñuelas de Coquimbo, en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y le ordenó elaborar, junto a la empresa concesionaria Aguas del Valle SA, un plan de mitigación por la emanación de gases y malos olores que afectan al sector.
Desde la sanitaria señalaron que hace años vienen trabajando en conjunto con autoridades, comunidad, asociación de empresas del Barrio Industrial y la Superintendencia de Servicios Sanitarios para poder fiscalizar, hacer monitoreos e incluso clausurar la cámara de descarga a la red de alcantarillado a las empresas que no cumplen con la normativa.
En fallo unánime (causa rol 528-2023), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Felipe Pulgar Bravo, Vicente Hormazábal Abarzúa e Iván Corona Albornoz– acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal de Aguas del Valle y la insuficientes de las medidas y compromisos de la Superintendencia para controlar la situación.
Según el fallo los recurrentes han presentado reclamos ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios debido a la emisión de olores y gases provenientes del sistema de alcantarillado administrado por Aguas del Valle S.A.
Los reclamos de los vecinos se refieren a la emanación de gases, especialmente sulfhídrico, desde la red de alcantarillado domiciliario, siendo la sanitaria la responsable del mantenimiento de los conductos que llevan los desechos domiciliarios hasta la planta de tratamiento. Estos problemas, señalan, existen desde hace mucho tiempo y persisten, afectando el desarrollo normal de su vida diaria.
“Que al tenor de los antecedentes allegados a la causa, especialmente los reclamos formulados ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios por los recurrentes, (…) como se observa todos del presente año, en contraste a los formulados desde el año 2017, y teniendo a la vista la causa Rol N° 5.971-2.022 de esta misma Corte de Apelaciones, dan cuenta que el problema que los vecinos reclaman es la emanación de olores y gases desde la red de alcantarillado domiciliario administrado por la recurrida Aguas del Valle S.A., por cuanto se encarga de la mantención de los ductos de salida de residuos domiciliarios hasta la planta de tratamiento, son de antigua data, persistiendo en el tiempo e impactando en el normal desarrollo de la vida diaria de los vecinos individualizados en el presente arbitrio”, plantea el fallo.
La resolución agrega: “Que al respecto, tanto la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como la empresa Aguas del Valle S.A., en sus informes no desconocen el hecho que los vecinos reclaman, esto es, la emanación de gases desde los ductos de alcantarillado, afirma la primera que se han formado mesas técnicas de trabajo (…) sin embargo, refiere que: “No obstante, el trabajo efectuado por esta Mesa Público-Privada, y del cumplimiento de los compromisos adoptados, no es factible controlar las descargas de Riles o desechos sólidos a las redes de recolección de aguas servidas, que son efectuados en forma ilegal o en horas de la noche en lugares no autorizados de la red. A fin de evitar esta situación, Aguas del Valle instaló tapas de cámaras con candados y doble tapa, sin embargo, estas son forzadas, por personas inescrupulosas, rompiendo los candados y vertiendo desechos y Riles en forma
directa a la red de aguas servidas, lo cual provoca obstrucciones de ésta y la generación de gases y olores molestos”.
“Pese a todas las medidas que aseveran que se adoptan por parte de la Superintendencia (…) y la sanitaria encargada –Aguas del Valle S.A.– que también asume que hace lo necesario para la evitación de los efectos que se reclaman relacionados con el traslado de residuos domiciliarios, es evidente que no es suficiente”, añade.
Para el tribunal de alzada: “(…) lo expuesto en las motivaciones precedentes permite calificar de arbitrarios e ilegales los comportamientos de la concesionaria Aguas del Valle en la materia en que se funda la acción proteccional deducida, y por ende, vulneradores del derecho a la integridad física y psíquica y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que la Constitución Política de la República reconoce a los recurrentes”.
“Atendido que de lo informado por ambos recurridos ya se han realizado acciones en conjunto para encontrar una solución a la problemática que ha estado presente de larga data sin que el problema haya desaparecido para los recurrentes, y constituyendo esas conductas una violación a lo previsto en (…) el accionar de Aguas del Valle, tendiente a encontrar una solución real y permanente al problema que produce la emanación de olores que afectan a los actores, deberá quedar sometida no sólo a la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, sino también al control y seguimiento de la
Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Coquimbo”, concluye.
Por tanto, se resuelve que: “SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido a folio 1, en contra de Superintendencia de Servicios Sanitarios y Aguas del Valle S.A., ordenando a esta última, en cumplimiento de lo expuesto en la motivación novena de este fallo, a que dentro de un plazo de 30 días elabore un plan de medidas y acciones concretas a realizar, las que deberán ser puestas en conocimiento de la Superintendencia y de la Seremi de Salud de Coquimbo, además de la representante de los recurrentes de autos, para su debido control. Plazo que se contará desde que el presente fallo quede ejecutoriado”.
Mal uso de los alcantarillados
Desde la empresa sanitaria Aguas del Valle, señalaron que este problema se origina por el mal uso del sistema de alcantarillado, al mismo tiempo que aseguraron que hace años están trabajando para evitar que estas situaciones.
Juan Pablo Jacob, subgerente zonal Elqui de Aguas del Valle se refirió a este tema diciendo que «lamentamos las molestias ocasionadas a los vecinos del sector a causa del mal uso del sistema de alcantarillado por parte de empresas que faenan productos del mar y que vierten riles, causando olores y vertimientos en el sector, incumpliendo la normativa establecida».
A esto, Jacob agregó que «hace años que venimos trabajando en conjunto con autoridades, comunidad, asociación de empresas del Barrio Industrial y la Superintendencia de Servicios Sanitarios para poder fiscalizar, hacer monitoreos e incluso clausurar la cámara de descarga a nuestra red a las empresas que no cumplen con la normativa. Sin embargo, estas malas prácticas se repiten. Tal como indica la resolución de la Corte de Apelaciones, ya se ha trabajado en conjunto con la SISS en un plan robusto que nos permita acotar la ubicación de las descargas de riles de terceros o usuarios que perjudican a nuestros clientes y sobre los cuales se tomarán todas las acciones que correspondan una vez identificados».
