La Constitución vigente al día de hoy, fue firmada el 17 de septiembre del 2005, por el entonces presidente Lagos, quien afirmó en dicha oportunidad que nos encontrábamos frente a una nueva Constitución, que esta había sido aprobada por la inmensa mayoría del parlamento, elegido democráticamente, dando paso así como señalo en dicha oportunidad «hoy firmamos solemnemente la Constitución democrática de Chile. Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Este es un logro de todos los chilenos, desde el día de hoy contamos con una nueva Constitución que ya no nos divide, tenemos hoy una Constitución democrática que no requiere de más reformas, es una Constitución digna del pueblo chileno». En dicha oportunidad el entonces Presidente de la República, no escatimó en adjetivos cuando promulgó el paquete de reformas constitucionales. De hecho en dicha oportunidad se hicieron una serie de numerosas modificaciones que fueron del agrado y aceptación tanto del entonces Presidente Lagos que puso su firma al pie del texto, como de los parlamentarios que aprobaron dichas modificaciones; sin ir más lejos hemos de recordar que nuestra Carta Fundamental, ya había sufrido modificaciones en 1980 con el plebiscito que le dio un apoyo de más del 60% y en 1989 con un apoyo del 90%. Sin embargo, el programa de la Nueva Mayoría hizo creer a algunos chilenos que nuestros problemas tienen su origen en la Constitución, vale decir que si cambiamos el texto mejoraríamos la situación de bienestar de nuestros compatriotas.
Esto no se trata de estar en contra de modificar la actual Constitución, sino en la forma en que ésta se pretende llevar a cabo, ya que la forma que se pretende implementar en nada se condice con los mecanismos legalmente establecidos para ello señalados en el capítulo XV de nuestra Carta Magna. Sin ir más lejos, dentro de la nueva mayoría han surgido voces que cuestionan tanto la representatividad como la transparencia de este proceso constituyente como son el ex. Ministro José Miguel Insulza, que señaló que «el debate no va a llegar demasiado lejos» aunque después se desdijera o el ex. subsecretario del Interior de Lagos y ex. Ministro del Tribunal Constitucional, (el abogado constitucionalista DC) Jorge Correa Sutil, al poner en duda la utilidad de la etapa participativa de los diálogos ciudadanos que tanto impulsa el Gobierno; ya que para él, ésto sólo alcanzaría relevancia si el número de personas implicadas fuera significativa de lo contrario no lo sería y a juicio de él este proceso sólo estaría contando con la participación del 0.05% del padrón electoral lo cual a todas luces para nada es un grupo representativo y por si fuera poco no han sido elegidos por nadie en su representación.
No olvidemos que aparte de ser un tema complejo y muy técnico, la mayoría de las encuestas de preocupación ciudadana muestran que las prioridades son otras cómo son el combate contra la delincuencia, las mejoras en la salud, educación y transporte público y no están focalizadas en querer un cambio en la Constitución. Como será de improvisado y poco trasparente todo este proceso, que a estas alturas ya contamos con la precoz renuncia de dos miembros del Consejo de Observadores de este proceso, la periodista Cecilia Rovanetta y el empresario José Miguel García quien aseguró que «los miembros son un elemento decorativo dado que no poseen facultades para fiscalizar como es debido y el Consejo no tiene los medios para cumplir con el mandato emanado desde la Presidencia» y la nula información de los miembros sobre las decisiones del Gobierno por ejemplo respecto a la campaña comunicacional y publicitaria. Sin ir más lejos muchos de los que integran dicho cabildos y asambleas ni siquiera se han sentado a leer y analizar detenida y profundamente el texto legal, quedando así a merced de facilitadores elegidos por el Gobierno (SEGPRES) como quedó demostrado tras la denuncia que se realizó en la región de Valparaíso en donde de 17 facilitadores el 35% de ellos habían sido funcionarios de Gobierno de Bachelet lo que da a pensar que serán estos pequeños grupos organizados políticamente los que impondrán su opinión sesgada desde su origen por sobre las otras miradas. Así importantes personas de todo el espectro político estiman que este proceso no es más que una puesta en escena de una Constitución que ya está redactada y que condice más bien a una acción de adoctrinamiento político, puesto que no se comprende como una nueva Constitución va a solucionar las falencias de la mala gestión, la improvisación y el desastre económico que hoy estamos viviendo.
Susana Verdugo Baraona.
