Informe de la Corte Suprema dio a conocer la situación carcelaria nacional donde el centro penitenciario de Ovalle aparece con 150% de capacidad.
A través de un estudio realizado por la Fiscalía Nacional de la excelentísima Corte Suprema de Chile, se realizó un diagnóstico de la situación de los centros penitenciarios a nivel nacional. 53 centros de detención fueron visitados por fiscales nacionales quienes entregaron cifras que preocupan a las autoridades.
El principal problema que encontraron en el estudio es la situación de sobrepoblación/hacinamiento, falta de acceso a agua, irregularidad en horarios de colación, mal funcionamiento de las celdas de castigo, falta de programas de rehabilitación y encierro excesivo en las celdas individuales o colectivas. Estos puntos están ampliamente detallados en un informe que se adjunta al final de esta nota.
En lo que concierne a la región de Coquimbo la situación no pareciera ser tan grave. Al menos ninguna cárcel aparece a modo de ejemplo de mal funcionamiento como sí aparecen la de Copiapó, Santiago o Valparaíso, por ejemplo.
En cuanto al hacinamiento, el problema número uno del informe, las cifras señalan que el Centro Penitenciario de La Serena se encuentra a un 78% de su capacidad, Illapel 53%, Combarbalá 81%. Sin embargo, Ovalle engrosa la lista de cárceles sobrepobladas del país con un 150% de capacidad.
Puesta en números reales la cárcel de Ovalle cuenta con una población penitenciaria en mayo del 2017 de 247 reclusos, cuando el lugar está diseñado para para albergar a 164 personas.
Y aunque la cifra limarina sale de los márgenes, no es tan escandalosa como los números que arrojan por ejemplo la cárcel Santiago Sur con un total de 4486 internos, teniendo capacidad para 2384, la de Valparaíso con 2444 internos y capacidad 1919. Entre otras cifras destacas en un color rojo intenso en el informe.
La Corte Suprema, el máximo tribunal del país y máxima entidad del poder judicial está en conocimiento de la cifras que son de carácter público. La situación carcelaria en el país, el trato que reciben los reclusos y gendarmes, así como el financiamiento estatal para mantener el sistema penitenciario, debieran ser puestos urgentemente como prioridad de una reforma profunda.
Por: Ignacio Zuleta Pereira.
Periodista.
