El número de desastres naturales ocurridos en la última década representan cerca del 65% de los desastres de los últimos 40 años. Siendo indispensable adoptar medidas de preparación, prevención y mitigación.
En Ovalle, tenemos 1.680 damnificados y hasta ahora se registran 91 casas destruidas, 146 con daño mayor no habitable y 427 con daño menor habitable. Seguramente con el paso de los días, esta cifra aumentará sustantivamente. Porque las fachadas esconden daño y pobreza terribles de constatar.
Por su parte, tenemos a las caletas pesqueras destruidas, con problemas de comunicación terrestre y de telecomunicaciones. La demanda hoy planteada supera las necesidades básicas. En buen chileno tenemos familias afectadas, viviendas dañadas y microempresarios sin trabajo. Y nuevamente se pone en cuestión nuestra calidad de ciudad por el daño en la zona céntrica.
Entonces, me pregunto ¿Cuál es la meta política para recuperarse y reconstruir?
La respuesta es clara, Ovalle y toda comuna afectada debe restituir los derechos humanos de las personas afectadas y preparar sus instrumentos de planificación para enfrentar desastres. Porque Chile tiene firmados convenios internacionales que garantizan esos derechos.
Los principales derechos a restituir son el derecho a la vivienda, salud física y mental, satisfacción de necesidades básicas vitales, derecho al trabajo, a la no discriminación, acceso a la información, participar y ser consultados, reclamar y ejercer sus derechos. No debemos aceptar como excusa que estamos en un escenario económico complicado. El Estado en cooperación con la ciudadanía, debe restituir estos derechos cueste lo que cueste.
La tarea de reconstruir es más desafiante y compleja.
Debemos asumir la tarea de llevar ayuda complementaria a la entregada (víveres no perecibles, artículos de aseo, camas, comedores, cocinas, entre otros) e implementar un sistema de atención habitacional para mejorar o reconstruir viviendas lo más simple posible.
Y en el caso de las caletas, debemos mejorar caminos de acceso, llegar con ayuda humanitaria para restituir la fuente de empleo o programas públicos de empleo, diseñar los estudios de riesgo de tsunami, un plan maestro para reubicar viviendas y planes de reconstrucción sustentables. Considerando la participación de los habitantes en todo el proceso.
El plan de inversión en infraestructura portuaria próximo a ejecutar para 7 caletas de la provincia de Limarí liderado por el Consejo Regional es un ejemplo de restitución de derechos fundamentales.
Todo esto, porque las personas afectadas tienen el derecho humano a la reconstrucción y vivir dignamente.
Por Cristián Sáez Cáriz
* Magíster en Gerencia y Políticas Públicas
