La acción fue interpuesta en el Juzgado de Garantía de la capital limarina por el abogado Carlos Tello Luza, en representación de la Municipalidad de Ovalle.
Una querella criminal por fraude al fisco, ocultamiento de documentos públicos y una posible asociación ilícita, son los hechos que se le imputan al ex alcalde de Ovalle, Claudio Rentería y a otros 3 ex funcionarios que trabajaron bajo su administración, sumado a otra funcionaria que en su calidad de planta continúa ejerciendo labores en la municipalidad. La acción fue interpuesta en el Juzgado de Garantía de la capital limarina por el abogado Carlos Tello Luza, en representación de la municipalidad de Ovalle.
La acción judicial fue interpuesta el pasado jueves 4 de julio y busca que se esclarezca las responsabilidades del déficit cercano a los 300 millones de pesos del departamento de educación municipal de Ovalle. La querella fue individualizada contra el jefe comunal Claudio Rentería, Juana Vega (ex jefa de finanzas D.E.M), Héctor Vega (ex SECPLAN) y Leticia Cortés, actual directora de la Unidad de Control del municipio.
El día 10 de febrero del año 2016 mediante decreto exento la municipalidad de Ovalle firmó contratación de trato directo con la empresa Centro de Asesoría y Desarrollo de la Gestión Advisers Limitada, representada en ese momento por Patricio Navarro Molina. Según consta en Memorándum Interno N° 037/2016 de fecha 29 de enero de 2016 esta contratación se hizo a proposición de la funcionaria Juana Vega Elgueta, quien en dicha época cumplía la función de jefa de Administración y Finanzas (s) del Departamento de Educación.
Dentro de las prestaciones que debía generar esta empresa estaba, poner al servicio de la municipalidad toda su experiencia y conocimiento para cumplir a cabalidad con el servicio objeto de este contrato, remitir a la municipalidad, inmediatamente de recibido, cualquier documento o valor que represente recuperación pecuniaria de subsidios por incapacidad laboral, u otra recuperación derivada de estos, entre otros.
Según el contrato quien debía fiscalizar el cumplimiento de dichas prestaciones por parte de la Ilustre Municipalidad de Ovalle era el funcionario municipal Nelson Olivares Mánquez, quien en esa época era el jefe de Departamento de Educación de Ovalle, sin embargo, nunca recepcionó conforme prestación alguna por parte de la empresa.
Conforme transcurrió el tiempo, y a pesar de no haber cumplido con las prestaciones a las que estaba obligada la referida empresa cobró los servicios “prestados” y emitió cuatro facturas por un monto que bordea los 36 millones de pesos. En tanto, la administración municipal de la época jamás hizo efectivo los pagos de esos cheques y la empresa emitió seis facturas más. Al no hacer efectivo el pago, Advisers Limitada, ingresó una demanda al Tercer Juzgado de Letras de Ovalle por la no cancelación de las facturas.
Paralelamente, con fecha 22 de marzo de 2024 en sesión extraordinaria N° 1 del Concejo Municipal la actual administración, encabezada por el alcalde Jonathan Acuña Rojas, tomó conocimiento de lo descrito por el director de Administración y Finanzas del municipio de Ovalle, Roberto Ábalos, quien señaló que se giraron cheques a nombre de la empresa Centro de Asesoría y Desarrollo de la Gestión Advisers y que estos nunca fueron pagados. Se hizo una investigación para saber dónde quedaron estos documentos, es decir, cheques y decretos de pago, y de acuerdo a lo informado éstos están extraviados desde la administración anterior.
«En base a varios antecedentes expuestos en los mismos concejos municipales se vislumbró que había varias situaciones de tinte irregular que la idea era poder ir aclarando y uno de los instrumentos, para poder realizarlo era presentar una querella respecto a quienes podrían eventualmente resultar responsables. La situación financiera del Departamento de Educación es bastante crítica».
Jonathan Acuña
Alcalde de Ovalle
Según consigna la querella, “ante el escenario de que el ex alcalde Claudio Rentería Larrondo contrató una empresa que no prestó servicios en su totalidad a mi representada, que hizo el mismo fraude en la municipalidad de Tierra Amarilla, que los servicios fueron recibidos conforme por funcionarios municipales como si se hubieran prestados completamente, luego se emitieron decretos de pago y cheques que hoy están perdidos, la empresa siguió emitiendo facturas por servicios que nunca prestó, para luego demandar a esta Ilustre Municipalidad por no pago de dichas facturas. Hoy tenemos un déficit presupuestario de más de 300 millones pesos, gracias a la mala gestión y el ánimo de defraudar a esta ilustre Municipalidad”
El alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña una vez interpuesta la querella, señaló que “en base a varios antecedentes expuestos en los mismos concejos municipales se vislumbró que había varias situaciones de tinte irregular que la idea era poder ir aclarando y uno de los instrumentos, para poder realizarlo era presentar una querella respecto a quienes podrían eventualmente resultar responsables. La situación financiera del Departamento de Educación es bastante crítica. Esta querella también tiene por finalidad dar una señal clara a la comunidad de cómo somos capaces nosotros, como administración actual, de ir normalizando la situación y de llegar hasta las últimas consecuencias, respecto a las responsabilidades. Esto significa una afectación del patrimonio municipal y de lo que podríamos estar haciendo o invirtiendo en cada uno de los establecimientos educacionales”.
Asimismo, la autoridad comunal manifestó que lo más probable es que también se realicen investigaciones administrativas para buscar responsables. “Esta querella busca establecer esas responsabilidades, y esperamos que los tribunales lleguen a un buen término. Vamos a estar atentos y no descartamos ir buscando responsabilidades administrativas dentro del Departamento de Educación”.
Finalmente, el abogado Carlos Tello, quien representa a la municipalidad de Ovalle, señaló que este hecho “le ha provocado un grave perjuicio, estamos hablando de más de 296 millones de pesos que se está viendo obligada a pagar por todas estas irregularidades cometidas en la administración anterior. Frente a la desaparición de los documentos, frente a lo irregular del procedimiento, la no prestación total de los servicios y el hecho pudiese produciéndole un beneficio a una empresa externa por estas actuaciones, nos hace pensar que pudiese haber una asociación, que los querellados hubiesen estado concertados con la empresa”.
