Me he referido con anterioridad, al alto costo que involucra el aumento de parlamentarios, debido al proyecto de la reforma electoral, que hoy se estudia en el Senado y que se pretende lograr que sea aprobado bajo el pretexto de terminar con el sistema binominal, lo que de nuevo deja al descubierto que todo lo prometido en campaña, no fue consensuado de debida forma y ahora que es necesario “cumplir con los compromisos”, se enfrentan a serios problemas, que derivaran en una desastrosa distribución del presupuesto nacional, si se considera satisfacer aspiraciones políticas, postergando necesidades básicas ineludibles.
Extraña, que se informe que dicha reforma no influirá en el presupuesto nacional, debido a la política de austeridad implementada en esa área; cuando solo por efecto de dietas y remuneraciones, deberán incrementarse los gastos en un 30% y para brindarle un confort adecuado a los honorables, se le construyó una cafetería para su uso privado, con un valor de 772 millones de pesos, considerando ello necesario para el buen desempeño de sus servicio.
En calidad de médico, conocedora de los problemas del salud para asegurar la calidad de la atención a los pacientes del servicio público, puedo asegurar que no existe una priorización justa de la distribución y uso de los recursos económicos que debe aportar el Estado para que los órganos del mismo realicen sus funciones y los que peor aún, que la aseveración de escuchar a la ciudadanía es solo un decir, ya que por tantos años existiendo un déficit alarmante de especialistas en el servicio público el tema no se ha abordado con el debido interés y los pacientes si no poseen recursos materiales deben esperar hasta por años el ser atendido por uno de ellos.
Proporcionarles una “Cafetería VIP”, de un altísimo costo, entregarle beneficios faraónicos a parlamentarios que ganan un excelente sueldo para proporcionarse estos lujos a su costo, no se condice con el que ellos que deben legislar en beneficio de la población en general, no dicten directrices que permitan a los pacientes –en especial a los más vulnerables- obtener la atención que en derecho les corresponde, y menos aún que hagan vista gorda a los problemas que los usuarios del servicio público de salud enfrentan.
En lo local, resulta inconcebible, que los parlamentarios cuenten con un casino de alto nivel y elevado costo, con la privacidad necesaria para sostener sus tertulias, y los pacientes que esperan por largas horas, no obtengan sus exámenes y medicamentos para continuar sus tratamientos, como ocurre por ejemplo con los niños afectados del Síndrome de Down, Mal de Chagas y otras afecciones, no se informen por meses exámenes que pueden salvar vidas, o que simplemente el obtener una hora para consulta médica conlleve largas esperas y repetidas citaciones.
El priorizar las necesidades es un deber moral de los gobernantes y el decidir convertir los lujos en “imperiosa urgencia”, bajo la premisa de ¡La caridad empieza por casa!, dañando a los más necesitados, un verdadero acto de crueldad e inmoralidad sin nombre.
Por Susana Verdugo Baraona*
*La autora es médico pediatra y fue Gobernadora de Limarí .
