La iniciativa busca establecer la inhabilitación absoluta para ejercer en cargos u oficios al interior de los órganos o empresas del Estado de quienes cometan delitos de malversación de caudales públicos y/o cohecho, así como también quienes cometan delitos de índole sexual.
La iniciativa, patrocinada por los diputados Juan Carlos Beltrán, José Miguel Castro, Andrés Celis, Eduardo Durán y las diputadas Sofía Cid, María Luisa Cordero, Karen Medina, Carla Morales, Marlene Pérez y Marcia Raphael, plantea modificar el Código Penal para hacer aplicable la pena accesoria de inhabilitación absoluta para ejercer en cargos u oficios al interior de los órganos o empresas del Estado a las personas que, ejerciendo cargos públicos o de representación popular, sean condenadas por delitos de corrupción o de carácter sexual.
Los autores del proyecto de ley señalan que el país atraviesa por un periodo de crisis política–institucional similar a aquellos casos acontecidos durante la década de los dos mil, en donde los recursos públicos de todos los chilenos se vieron afectados por casos de corrupción como MOP–Gate y los sobresueldos, el caso coimas, Inverlink, Chile Deportes, Publicam y EFE, entre otros.
Si bien destacan que han pasado varios años respecto a esos hechos y que durante ese tiempo se han aprobado una serie de modificaciones legales, el proyecto que presentan tiene el propósito que se resguarde de la mejor manera los recursos de todos los chilenos, ya que en los últimos meses la opinión pública ha sido testigo de hechos contrarios a la probidad, la ética funcionaria e incluso en alguno de ellos actos directamente de corrupción.
Respecto a la comparación a nivel internacional en este ítem, señalan que si bien se puede tener la percepción de que “no nos encontramos en un mal escenario”, tomando en cuenta que Chile se encuentra en el lugar 67 de 180 dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional; lo cierto es que, ese lugar lo hemos estado ostentando por cinco años, lo cual sin duda, es signo de estancamiento en el avance en las estrategias para prevenir y hacer frente a aquella situación.
En razón a lo anterior, estiman que resulta necesario poder establecer mecanismos disuasivos respecto a actos contrarios a la probidad y que se encuentran ligados a la malversación de caudales públicos, cohecho y/o corrupción, proponiendo lo que en otros países han considerado como la muerte civil que es nada más ni nada menos que la inhabilitación de personas condenadas por delitos contra la administración pública para trabajar como funcionarios públicos.
Por otra parte, refieren que en el último tiempo se han visto una serie de casos en donde personas electas para ejercer cargos de representación popular, principalmente alcaldes y ex alcaldes han estado en el centro de la polémica a raíz de denuncias de abuso y acoso sexual en su contra. Varios de ellos, en contra de funcionarias municipales.
Con el mérito de los antecedentes expuestos, proponen incorporar en el artículo 251 quáter del Código Penal, los siguientes incisos:
“Aquel funcionario público que cometiere los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, violación, abuso sexual u otro tipo de delito sexual será condenado, además de las sanciones establecidas para cada caso, a la pena de inhabilitación absoluta para ejercer en cargos u oficios al interior de los órganos o empresas del Estado.
La misma situación recaerá sobre aquella persona que haya sido electas en cargos de representación popular
La inhabilidad mencionada en el inciso segundo dará lugar desde el momento en que la sentencia judicial definitiva se encuentre firme o ejecutoriada y a su vez sea incorporada dentro del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República”.
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados.
