En la zona, los recursos beneficiarán tanto al Gobierno Regional y a todas las comunas. Por ejemplo, el municipio de Coquimbo recibiría $5.118 millones, La Serena $2.897 millones, Los Vilos $1.839 millones y Salamanca $1.676 millones.
Durante mayo, dos iniciativas que buscan entregar una mayor autonomía y descentralización financiera a las regiones tendrán movimiento en el Congreso: los proyectos de Royalty a la Gran Minería y de Regiones Más Fuertes. Según destacó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “estas dos medidas combinadas van a ser el avance más importante que tendremos en gestión financiera de los gobiernos subnacionales, y particularmente de las regiones, prácticamente desde el retorno a la democracia”.
“Los ingresos de los gobiernos regionales aumentarán en cerca de un 20% en total y en alrededor de un 70% en relación con lo que son sus ingresos propios. O sea, pasarán de ser un servicio público que estaba incluido en la Ley de Presupuestos, igual que cualquier otro, a contar con financiamiento exclusivo de transferencias desde el Gobierno a Gobiernos Regionales, los que van a tener ingresos propios, facultades para administrarlos con autonomía y con la responsabilidad de escuchar a la ciudadanía, actuar con transparencia, y rendir cuentas por el manejo de esos recursos. Esto es un cambio muy grande”, explicó Marcel.
De acuerdo a mediciones de la OCDE, Chile es una de las economías más centralizadas en América Latina y dentro de los países de la OCDE. Actualmente, los ingresos que manejan los gobiernos subnacionales representan un 17% del total, comparado con un 27% en los países de la Organización. En el caso de que los proyectos de Royalty Minero y Regiones Más Fuertes sean aprobados por el Congreso, la cifra en el país subiría al 19%. “Y ojalá que al final de este Gobierno ya estemos más cerca de un 20%. Y eso significará que más decisiones se puedan tomar en los territorios”, comentó el ministro de Hacienda.
Detalle de las iniciativas
El proyecto de Royalty, que cambia la tributación de la gran minería del cobre, pasó a tercer trámite a la Cámara de Diputadas y Diputados, tras su aprobación en el Senado. La iniciativa establece que US$ 450 millones de la recaudación esperada se invertirán en aumentar las capacidades financieras y de gestión de los gobiernos regionales y municipios de todo Chile, a través de tres mecanismos:
* Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
* Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, más de 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
* Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros. En total son 32 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
En el caso de la Región de Coquimbo, se distribuirían recursos por un total de $29.699 millones, los que beneficiarán tanto al Gobierno Regional y a todas las comunas de la zona. Si este monto se divide por la población existente, el aporte sería de $35.521 per cápita. Como ejemplo, el municipio de Coquimbo recibiría $5.118 millones, La Serena $2.897 millones, Los Vilos $1.839 millones y Salamanca $1.676 millones.
Desde la zona, la Seremi de Gobierno, Paulina Mora, valoró el avance de esta iniciativa y el respaldo transversal que ha recibido la propuesta que busca traer más recursos y así mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.
“La aprobación, por parte del Senado, del proyecto de Royalty Minero es un avance muy importante. Ahora en, en su tercer trámite legislativo, en la Cámara de Diputados, nuevamente vamos a buscar un amplio acuerdo para su aprobación, siempre en la base del diálogo. Esta es una de nuestras principales intenciones, seguir conversando con todos los sectores para poder ratificar esta iniciativa, que aspira a generar un equilibrio, entre la recaudación fiscal y, también, el aporte que hacemos beneficio de las regiones, sin desincentivar la inversión”, precisó.
Mientras que el proyecto de Regiones Más Fuertes, que ingresará durante mayo al Congreso, se estructura sobre tres ejes, y cada uno agrupa nuevas herramientas de gestión, competencias, habilitaciones y mejoras a la institucionalidad actual:
* Modificaciones de las actuales fuentes de ingresos de los Gobiernos Regionales, cambios sustantivos a los actuales fondos, particularmente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y otras transferencias del Gobierno Central. También reconoce la facultad para establecer derechos regionales, por ejemplo, asociados a concesiones nacionales de uso público y permisos por el uso de bienes fiscales, entre otras modificaciones.
* Mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria a los Gobiernos Regionales para decidir sobre el destino de sus ingresos, junto con establecer un régimen financiero propio, con mejores instrumentos de gestión presupuestaria. Ejemplos de algunos cambios son que se establece un nuevo tratamiento para los Gobiernos Regionales -dejarán de estar en una partida presupuestaria para pasar a ser parte de las transferencias del Tesoro- y que se crea un nuevo régimen presupuestario, ya que el Congreso revisará el monto global del presupuesto, pero la decisión de esos recursos la establecerán los gobiernos regionales a partir de discusiones en los consejos regionales.
* Mejores herramientas de responsabilidad y disciplina fiscal, así como herramientas que fortalecen la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos y la participación ciudadana para resguardar la probidad en la función pública regional. Se creará una regla fiscal regional cuya especificación quedará para una regulación del Ministerio de Hacienda, y se exigirá a los gobiernos regionales confeccionar una programación financiera de mediano plazo.
