Se hizo notar que, tal como fue aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, eso terminaría afectando a más de 10 mil funcionarios públicos de distintos servicios y organismos del Estado, que verían reducidas sus remuneraciones.
Con la definición en general de las autoridades a las que se les aplicaría una regulación de sus remuneraciones, la Comisión de Constitución del Senado inició el estudio de las 34 indicaciones que se presentaron al proyecto de reforma constitucional que busca determinar por ley el monto de las dietas parlamentarias y de una serie de autoridades del Estado.
Cabe recordar que tal como fue aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, la rebaja de las dietas parlamentarias traería consigo una suerte de efecto dominó que terminaría afectando a más de 10 mil funcionarios públicos de distintos servicios y organismos del Estado, que verían reducidas sus remuneraciones.
Es por eso, que una de las primeras definiciones generales que acordó la Comisión de Constitución -y que debería ser ratificada el próximo lunes cuando se inicie la votación de cada una de las indicaciones- es la de acotar el ámbito de aplicación de esta ley, limitándola a los cargos de elección popular de senadores, diputados, presidente de la república, gobernadores regionales y los cargos de exclusiva confianza como ministros de Estado, intendentes, seremis, jefes superiores de servicio, entre otros.
De acuerdo a lo manifestado por los senadores Alfonso De Urresti (presidente), Francisco Huenchumilla, Felipe Harboe, Víctor Pérez y Andrés Allamand, la idea es que esta iniciativa se aboque a las remuneraciones de ese tipo de cargos y que no afecte a funcionarios de carrera. En la sesión también estuvo presente el senador José Miguel Insulza, quien valoró los principios de acuerdo y manifestó la necesidad de zanjar este proyecto a la brevedad.
Los senadores señalaron que quedarían excluidos de esta regulación los alcaldes, concejales y consejeros regionales y también los miembros del Poder Judicial.
Otro de los criterios que se definieron hoy es que sería una comisión autónoma la encargada de definir el monto de las remuneraciones en esos casos, la que estaría integrada por 5 miembros designados por el presidente de la república y ratificados con los 2/3 del Senado.
Entre las personas que se proponen para integrar la comisión se encuentran un ex consejero del Banco Central; un ex Ministro de Hacienda; un ex Director de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda; un ex presidente del Senado o de la Cámara de Diputadas y Diputados; un ex Director Nacional del Servicio Civil, o un ex Contralor o subcontralor.
Del mismo modo, se acordó que mientras no exista dicha comisión, habrá una norma de transición que señala que será la Alta Dirección Pública la encargada de fijar las remuneraciones para las autoridades que defina la ley. El proyecto aprobado en general establece que en el período que medie entre la publicación de la reforma y la fijación de las remuneraciones, las autoridades afectas percibirían el 50% de su remuneración vigente.
CARGOS DE ELECCIÓN
Durante la sesión, los senadores coincidieron en que era necesario acotar el ámbito de aplicación de esta ley a los cargos de elección popular o de exclusiva confianza y no mantener lo que fue aprobado en primer trámite, que amplió el abanico a diversos organismos afectando a casi 10 mil funcionarios públicos.
En tal sentido, el senador Huenchumilla manifestó que la idea es «legislar en base a un segmento acotado del Estado, que llamo el segmento político de exclusiva confianza del Presidente y de elección popular, excluyendo a los alcaldes, concejales y cores que tienen sus propias leyes orgánicas»,
El senador Harboe señaló que es positivo acotar la iniciativa pues si no se verían afectados miles de funcionarios públicos. Dijo que también «hay que regular el tema de los honorarios de las personas de confianza… hay un conjunto desigualdades que hace que las remuneraciones políticas sean más altas y hay que hacerse cargo de las remuneraciones del Estado y de la política de recursos humanos para ver cómo somos capaces de tener un cuadro de profesionales con remuneraciones adecuadas y parámetros objetivos».
El senador Allamand destacó los criterios alcanzados respecto a los ejes que debiera tener esta iniciativa y señaló que es partidario de que quede establecido en la Constitución «que las rentas de ministros y parlamentarios deben ser idénticas. Es bueno que ese principio se mantenga».
En la misma línea se manifestó el senador Pérez Varela quien destacó la idea de que «el que fije las remuneraciones tiene que ser una entidad del más alto nivel, con experiencia y que sean sus integrantes los que resuelvan las distintas aristas que se puedan ver consideradas».
El senador De Urresti valoró los principios alcanzados señalando que cuatro constitucionalistas coincidieron en que «el proyecto como viene está mal. Hay un montón de funcionarios que tienen carrera funcionaria que verían limitadas sus remuneraciones…la idea es aplanar la diferencia entre las altas remuneraciones y las bajas remuneraciones».
