Ha llamado la resolución del Servel de prohibir a los candidatos a cargos municipales en las próximas elecciones el uso de las redes sociales, lo que ha motivado una reacción de distintos sectores del espectro político nacional.
Los argumentos de los detractores de la medida apuntan a que el uso de las redes sociales para promocionar candidaturas de los postulantes a la alcaldía o al concejo comunal ayudaría a la reducir la cantidad de publicidad callejera, en plazas, paseos, postes, muros, etc, siempre molesta y contaminante en lo visual. Y además – lo más importante – a entregar contenidos programáticos para informar más y más correctamente al elector.
La duda que subsiste sin embargo es si la intención del Servel era evitar que algunos postulantes se “aviven” efectuando publicidad electoral anticipada, esto es antes del 24 de agosto como establece la legislación, aprovechando un resquicio existente en nuestra legislación.
Lo cierto es que el límite de lo que se puede hacer (o, de lo que se “debe” hacer) en materia de propaganda electoral es muy tenue.
Recientemente, durante un acto público en Ovalle el Gobernador del Limarí procedió a presentar como invitado al candidato de la Nueva Mayoría en las próximas elecciones, siendo cuestionado por sectores de la oposición que denunciaron una presunta “intervención electoral”.
La Ley señala al respecto que “A partir de esta fecha (24 de agosto) las autoridades públicas que realicen inauguraciones de obras u otros eventos o ceremonias de carácter público, deberán cursar invitación por escrito a tales eventos a todos los candidatos del respectivo territorio electoral”.
Por otra parte también se suele cuestionar a aquellos alcaldes que van a la reelección, el aumento de actividades – en especial inauguraciones de obras menores y medianas – que programan en estas fechas cercanas al proceso eleccionario, en las que se reúnen con organizaciones sociales y comunidad para dar a conocer la labor desarrollada durante su periodo. ¿Puede eso interpretarse como aprovechamiento electoral?
La respuesta invariable de la autoridad – de todos los colores políticos – es que es impensable encerrarse en su oficina durante todo este tiempo y dejar de desempeñar sus funciones, incluidas las de presidir actos de inauguración de obras. O el contacto con la comunidad que representa.
En definitiva, el límite entre lo lícito o lo ilícito es muy fino, y la actitud de quienes intentan aprovechar todos los intersticios que ofrecen nuestros reglamentos para correrlos un poquito más allá… para su beneficio, desde luego, no contribuyen a orientar al elector.
¿Recuerda, por ejemplo, cuando se utilizaba meses antes de la apertura del plazo para propaganda las imágenes o el nombre del candidato, sin usar la frase “vote por” instalado en los muros de las ciudades?
Lo razonable sería que quienes pretenden ser los conductores de la comunidad, sean los primeros en velar porque las reglas del juego sean respetadas de manera que todos – grandes, medianos y pequeños postulantes – corran con las mismas posibilidades.
Si eso no ocurre, los electores deberían ser los encargados de juzgarlos y resolver al respecto cuando llegue la ocasión de emitir la preferencia en las urnas.
A todo esto, ayer miércoles el Servel acordó dejar sin efecto la disposición que prohíbe la promoción de candidaturas en las redes sociales señalando que «se podrán efectuar comunicaciones privadas tales como: correos físicos o electrónicos, llamadas o mensajes telefónicos o las que se realizan por medio de Internet a través de redes sociales, ya que no constituyen «manifestaciones públicas» y, por ende, no son propaganda electoral, según la definición de la actual legislación».
